Defensoría del Pueblo pide revisar nombramientos en el Gobierno por denuncias de violencia de género

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a las entidades del Estado revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad de personas mencionadas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres.

El pronunciamiento se conoce tras varios nombramientos recientes que, según la entidad, generan interrogantes sobre los mensajes que transmiten las instituciones a las mujeres que han denunciado estos hechos y a quienes están considerando acudir a la justicia.

Entre los casos mencionados está el nombramiento de un asesor en el Ministerio de las Culturas, quien enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos cuando ejercía funciones diplomáticas en Chile.

También se refirió a la posible vinculación de un general en retiro a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol, mientras afronta un proceso relacionado con presunto acoso sexual. A esto se suma el nombramiento del presidente de Coljuegos, contra quien existe una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

La Defensoría aclaró que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y que debe respetarse la presunción de inocencia. Sin embargo, señaló que este principio no exime al Estado de su obligación de actuar con debida diligencia al tomar decisiones sobre quiénes ocupan cargos de alta responsabilidad pública.

“No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran”, advirtió la entidad.

La institución también alertó sobre las consecuencias que pueden tener las violencias contra las mujeres en su salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida. Además, señaló que el temor a represalias, la revictimización y las barreras de acceso a la justicia y a la protección pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas.

¿Qué pide la Defensoría del Pueblo?

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional y a las demás instituciones del Estado para que revisen los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas, con el propósito de garantizar un mensaje coherente de tolerancia cero frente a las violencias basadas en género.

Asimismo, instó a establecer criterios claros, públicos y consistentes para la selección de personas en estos cargos. Entre los aspectos que deben considerarse están la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones judiciales o administrativas, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.

La Defensoría reiteró que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado y señaló que las decisiones institucionales deben ser coherentes con las campañas de prevención, los protocolos de atención y los llamados para que las víctimas confíen en las instituciones y denuncien.