Supersalud reconoce retrasos en investigaciones por fallas en la atención de población Wayuu

La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, reconoció que existen retrasos considerables en la resolución de investigaciones relacionadas con hallazgos de la entidad y anunció una revisión de los procesos sancionatorios para agilizar su cierre y garantizar que se remitan a los organismos competentes los casos que lo ameriten. Las declaraciones se dieron durante la sesión de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que busca garantizar los derechos fundamentales de la población Wayuu en La Guajira.

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Godoy reveló que, entre 2024 y lo corrido de 2026, la Superintendencia de Salud ha realizado solamente cinco compulsas de copias a la Procuraduría General de la Nación. Frente a esta situación, aseguró que la entidad adelanta una revisión de sus actuaciones para determinar cuáles procesos deben concluir y en cuáles corresponde remitir información a otros organismos de control. “Ya se está haciendo una revisión de todos los procesos sancionatorios, tanto para poder cerrarlos como para poder compulsar en los casos en que ya hubo una sanción específica”, explicó.

La funcionaria precisó que actualmente hay nueve vigilados que cuentan con sanciones y cuyos expedientes están siendo revisados para efectuar las compulsas correspondientes. Asimismo, indicó que existen otros 26 vigilados con investigaciones en trámite, a las que se les dará celeridad para avanzar hacia una decisión. Según Godoy, el propósito es evitar que las actuaciones administrativas pierdan efectividad por el paso del tiempo y lograr que las sanciones sean oportunas frente a los incumplimientos detectados en el sistema de salud.

Durante su intervención, la superintendente también advirtió sobre el incumplimiento sistemático de las rutas integrales de atención en nutrición para niños menores de cinco años y de la ruta materno-perinatal. Aunque la entidad ha impartido instrucciones, emitido requerimientos, ordenado medidas de inmediato cumplimiento y realizado verificaciones territoriales, persisten dificultades en la respuesta de los actores del sistema. “Lo que se observa es que por parte de los actores del sistema sigue existiendo un incumplimiento sistemático”, afirmó.

Para responder a estas dificultades, Godoy anunció que el próximo 30 de octubre comenzará en La Guajira un proceso de trabajo conjunto con la Gobernación, las alcaldías, las secretarías de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia y el Instituto Nacional de Salud. El objetivo será definir un modelo de aseguramiento y prestación de servicios que responda a las condiciones del territorio y que, posteriormente, pueda ser concertado con los pueblos indígenas. La funcionaria explicó que este proceso dependerá también de la definición de un protocolo que permita desarrollar las consultas y concertaciones en las comunidades.

“Esperamos garantizar la atención integral de niños y niñas”

La propuesta busca mejorar la atención integral de los niños y niñas con desnutrición, garantizar la oportunidad de los servicios, fortalecer el seguimiento clínico y asegurar la continuidad de los tratamientos. Godoy señaló que se pretende evitar la fragmentación de la atención y los traslados de pacientes de La Guajira a otros departamentos cuando existan redes y servicios habilitados en el propio territorio. “Esperamos [...] poder garantizar la atención integral de niños y niñas con desnutrición, la oportunidad en la prestación de los servicios, el seguimiento clínico y la continuidad en la atención”, sostuvo.

Finalmente, la superintendente indicó que la entidad continuará coordinando acciones con la Procuraduría y otros organismos de control para fortalecer el seguimiento a los compromisos relacionados con la salud de la población Wayuu. También aseguró que se trabaja en mejorar los mecanismos de información y comunicación con las comunidades indígenas y en adaptar las intervenciones institucionales a criterios de interculturalidad. Godoy insistió en que la protección del derecho a la salud requiere la participación activa de las autoridades territoriales, los prestadores de servicios y las propias comunidades.