Ministerio de Justicia pone su posición frente al tema de la aspersión y las universidades

Bogotá

El Ministerio de Justicia puso su posición frente a dos temas que han causado polémica en el país: El posible ingreso de las autoridades a las universidades para contener las manifestaciones y el regreso de la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos.

Tema ingreso de autoridades a las universidades

El ministro de Justicia Iván Cancino es claro en señalar que la autonomía en las universidades es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero no significa que estas instituciones estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades.

Dice que cuando se presenten manifestaciones pacíficas debe privilegiase el diálogo y la mediación, pero si se registran de manera violenta las autoridades pueden ejercer sus facultades que la ley les otorga.

“La actuación de las autoridades deberá responder a las circunstancias concretas de cada caso, estar jurídicamente sustentada y emplear los medios necesarios y proporcionales para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”.

Desde el Ministerio de Justicia son claros en decir que ninguna institución o espacio del territorio nacional está por fuera de la autoridad d la constitución y de la ley.

“Cuando existan razones jurídicas suficientes para intervenir, el Estado tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar para proteger a las personas, garantizar sus derechos y restablecer el orden”.

Frente a la aspersión para cultivos de uso ilícito

El Ministerio de Justicia aseguró que la aspersión aérea no debe presentarse como una amenaza para Colombia. Debe entenderse como una herramienta del Estado para proteger a las comunidades y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales.

“El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”.

Según argumenta el ministro de Justicia, Iván Cancino, cuando se le impide al Estado utilizar una herramienta eficaz contra los cultivos ilícitos, también se pone en riesgo los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la paz, así como los derechos prevalentes de la niñez y el derecho a las comunidades a vivir son el sometimiento de las organizaciones criminales.

Son claros en señalar que la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos, aplicada bajo parámetros técnicos y constitucionales debe ser vista como parte de la solución y no como el problema porque la obligación del Estado colombiano es protege a la población civil del control social y territorial de los grupos armados ilegales.