Defensoría del Pueblo alerta por recrudecimiento de la violencia en El Bagre, Antioquia

El Bagre, Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el recrudecimiento de la violencia en la cabecera municipal de El Bagre, donde se ha intensificado la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control del territorio y de las rentas derivadas de la explotación de oro.

De acuerdo con la entidad, el enfrentamiento involucra a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del Clan del Golfo y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. La disputa se concentra en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver, en zonas estratégicas de la serranía de San Lucas, así como en sectores como Guamocó y Mina Nueva, donde los grupos buscan controlar las economías ilícitas asociadas a la explotación aurífera.

Alerta por ola de violencia

Uno de los principales motivos de preocupación de la Defensoría es el incremento de ataques con drones cargados de explosivos. Según la alerta, esta modalidad se ha intensificado desde junio generando afectaciones indiscriminadas y temor entre los habitantes.

La gravedad de la situación quedó evidenciada en un hecho ocurrido en junio, cuando fueron lanzados 12 explosivos desde drones, lo que provocó el desplazamiento de 61 familias.

A esto se suma el riesgo por la presencia minas antipersonales en zonas rurales, manteniendo a cientos de familias confinadas en su territorios. La población civil también enfrenta homicidios selectivos y restricciones impuestas por los grupos armados.

Entre las medidas denunciadas se encuentra la prohibición de transitar por vías rurales después de las 6:00 de la tarde, además del cobro de extorsiones que alcanzarían el 10 % de la producción de oro.

La población también estaría siendo instrumentalizada para actividades relacionadas con el conflicto. Mototaxistas y arrieros, por ejemplo, son obligados o presionados para transportar insumos o retirar cuerpos de combatientes.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 14 recomendaciones dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación, además de autoridades departamentales y municipales; con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, reducir los factores de riesgo, proteger a las comunidades.