Diagnóstico de la economía criminal: así fue el Foro Internacional de economías criminales

El funcionamiento de los mercados ilegales en Colombia y su evolución en los últimos años, los desafíos y dificultades de las instituciones al enfrentar estas actividades, y las nuevas alternativas centradas en lo financiero para perseguir estas economías criminales fueron protagonistas en el Foro Internacional de Economías Ilegales y Control Territorial, que congregó a representantes de instituciones nacionales y expertos en mercados ilegales de distintos puntos de la región.

Esto es lo que deja la conversación:

Crimen organizado: incrustado en la sociedad

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La conversación se introdujo de la mano de Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, quien señaló que Colombia se ha convertido en un referente de inseguridad en la región, haciendo referencia al desmoronamiento de la arquitectura institucional global y del sistema de justicia internacional tras la sensación de estabilidad que había dejado el término de la segunda guerra mundial en el siglo XX.

Habló también del debilitamiento de las democracias a causa de estructuras criminales, especialmente, en el contexto colombiano, donde han sido una constante que se fortalece a través de economías ilegales que en la actualidad adquieren un caracter transnacional. Sumó que la inconformidad de la ciudadanía ante estas situaciones configura un panorama político y gubernamental que centra los esfuerzos en afianzar la seguridad y la legalidad en las economías de la nación.

Por su parte, Juan Ignacio Suarez, director general del clúster CCA de Philip Morris International, expresó su preocupación ante el crecimiento del contrabando y de los mercados ilegales de preocutos como el cigarrillo, que financian a dichos grupos y afectan el desarrollo de la economía de la región.

El mercado ilegal, de adentro hacia afuera

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Lucía Dammert, experta internacional en seguridad, crimen organizado y políticas públicas, expuso las novedades de la región en cuanto a seguridad. “Ya no existen países seguros en América Latina”, aseguró refiriéndose al crecimiento de homicidios y delitos de oportunidad (Robos, extorsión, etc.) en diversos países del continente.

La experta caracterizó tres elementos principales sobre los que se sustentan las economías ilegales: la depredación económica, que tiene por consecuencia el segundo elemento, la sustitución de mercados legales por mercados y control territorial ilícitos. En ese contexto, las agrupaciones criminales se encuentran cooptando funciones estatales en los territorios. En tercer lugar, el acaparamiento del poder político, en el cual se incluye a la población como actor colaborador del control territorial ilícito.

Posteriormente, introdujo, en sus palabras, la “inexplicable producción masiva de cigarrillos” y la exportación creciente de oro de forma ilegal, economías ilegales ante las que políticas públicas y soluciones como el encarcelamiento masivo, los estados de excepción o parecen quedarse cortas. La alternativa, añadió, es atacar a la demanda y a la dimensión económica del crimen organizado.

En ese sentido, expuso sus propuestas para aportar a la lucha contra la ilegalidad en múltiples niveles. En el municipal, donde existe una debilidad institucional, propone asignar roles a los territorios locales en materia de finanzas criminales. En el nacional habló de la necesidad de voluntad política sostenida en el tiempo por parte de los jefes de estado, el trabajo en las cárceles y la trazabilidad de los bienes robados. Además, se refirió al abandono de las fronteras transnacionales, dentro de las cuales se gestan todos los procesos de contrabando y comercio ilegal.

A nivel multilateral, propuso un registro balístico, conciliaciones aduaneras, controles de excedentes de producción y recuperación de activos. Todo esto dentro de un contexto en el que las economías ilícitas están ganando terreno. Finalmente añadió que “los mercados ilegales se fortalecen porque tenemos cientos de jóvenes que no van al colegio, que no tienen oportunidades de trabajo.”.

¿Qué pueden hacer las instituciones?

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A la conversación sobre crimen transnacional y contrabando se sumó Juan Francisco Galli, ex subsecretario del interior de Chile, quiendenunció la incapacidad estatal a la hora de desmontar economías legales: “Hay que sacar la perspectiva estatal de sólo el proceso penal”, destacó, en el sentido de entender los mercados antes que capturar a los autores, una tarea que se beneficiaría del aporte de empresas y sociedad civil.

Por su parte, Ramón Pérez Fermín, ex Viceministro de Comercio interno de República Dominicana, expuso lucha contra el contrabando de alcohol y cigarrillos en el país, que tomó un giro mayoritariamente efectivo desde 2020, cuando se destinaron esfuerzos para habilitar una trazabilidad e inteligencia capaces de prevenir la llegada de productos ilícitos al mercado

Paralelamente, relató, se abrió espacio para que el sector privado pudiera incorporarse en la lucha contra el contrabando. Estas medidas permitieron robustecer el régimen de consecuencias judiciales y reducir los márgenes de ganancia de grupos ilegales. “Lo que realmente cambia el paradigma es que haya sentencias condenatorias”, afirmó.

Esta intervención dio paso a las palabras del coronel Diego León, Jefe del Componente de Análisis Criminal de la Policía Nacional, quien repasó la evolución de la criminalidad en Colombia. “El crimen organizado se reproduce dentro de las ausencias del Estado”, concluyó.

“Existen 329 municipios afectados por minería ilegal y cerca de un millón de personas que trabajan en esta de manera directa e indirecta”. A partir de esta cifra, el oficial habló de la forma en la que la Policía Nacional enfrenta a las nuevas criminalidades, haciendo uso de análisis de redes sociales apoyado en inteligencia artificial, vinculando talento humano especializado, articulando información e identificando patrones de criminalidad.

Como respuesta al estatus actual también se hizo referencia al Escudo de las Américas. Dammert declaró al respecto que una lucha contra las economías ilícitas sin Brasil y México no puede ser efectiva. “Esto no es un club de amigos donde todos pensamos lo mismo, sino uno que quiere terminar con lo ilegal”, aseguró.

Resaltó también el papel de los Estados Unidos, advirtiendo sobre los desafíos de consumo de sustancias, tráfico de armas y lavado de activos; y reconoció que América Latina avanzó con sus propias alianzas regionales, demostrando que el Escudo tiene posibilidades si suma a los países que tiene que sumar. El panel finalizó con propuestas como potenciar la inteligencia penitenciaria y buscar formas más innovadoras de construir nuevos centros carcelarios.

El futuro de la seguridad

Con todo, queda un llamado claro: la cooperación internacional, la integración institucional entre múltiples carteras, el énfasis en intervenir los corredores económicos en lugar de limitarse a capturar ejecutores del crimen y establecer marcos jurídicos para solidificar las consecuencias de alimentar y perpetuar un mercado ilegal son pilares centrales de la nueva perspectiva que deben adoptar los países para empezar a construir una seguridad confiable.