Contrabando y crimen organizado: los costos de la ilegalidad para Colombia

El contrabando, especialmente de cigarrillos, fue uno de los principales temas de conversación durante el Foro Internacional de Seguridad, Economías Criminales y Control Territorial.

Para expertos como Daniel Mejía, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, hoy, la política tributaria sobre el tabaco debe considerar sus efectos en la salud pública, pero también el recaudo fiscal de los departamentos y las finanzas de las organizaciones criminales.

Eso, entendiendo que según estimaciones citadas por el académico, el mercado ilegal de cigarrillos ya representa más del 35 % del mercado total del producto en Colombia, dejando pérdidas de recaudo para los entes territoriales que superan el billón de pesos.

Según un estudio liderado por Mejía, entre los motivos se cuenta la carga impositiva a dichos productos. Explica el investigador que, cuando el impuesto supera determinado umbral, el aumento de precios incentiva la sustitución de cigarrillos legales por los de contrabando y reduce el recaudo que va a las rentas de las estructuras criminales.

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Ese sería apenas uno de los rubros que financia a dichos grupos y que termina impactando directamente sobre la situación territorial del país. Así lo advirtió Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien cuestionó la capacidad actual del Estado para ejercer control sobre los recursos y las actividades económicas en municipios distintos a las principales ciudades del país.

El mandatario se enfocó en las regiones donde la criminalidad está activa y en auge, lugares en los que convergen la minería ilegal, los cultivos de coca y la extorsión que financian el poder territorial de grupos armados. La seguridad, planteó, debe llegar al igual que las oportunidades económicas y una presencia estatal efectiva y sostenida.

Lo mismo depende de factores como la cooperación entre los sectores público y privado. En ese sentido, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, destacó que la transformación de los territorios requiere una visión económica de largo plazo, concordando en que no son suficientes las respuestas asistencialistas o militares.

La experta reiteró que el sector privado puede desempeñar un papel clave por su permanencia en las regiones, siempre que sus inversiones estén articuladas con estrategias de desarrollo territorial.

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Por su parte, Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, insistió en la necesidad de “construir sobre lo construido” y ejecutar los planes y políticas públicas existentes, en lugar de reemplazarlos constantemente. A su juicio, los procesos de transformación territorial requieren continuidad y tiempo.

Sobre el control de los recursos naturales y los riesgos asociados a su explotación ilegal, el investigador de Fedesarrollo y exsecretario de Seguridad de Bogotá y Cali, Jairo García, habló de fortalecer la debida diligencia, controlar los flujos financieros vinculados al contrabando y repensar mecanismos de descentralización para proteger los recursos estratégicos del país.

Lo anterior, entendiendo que la lucha contra las economías criminales se ha limitado históricamente a perseguir a las estructuras ilegales sin atarcar directamente las actividades que les sirven para financiarse. Lo ideal, concuerdan los participantes del encuentro, es encontrar un equilibrio entre sostener las finanzas territoriales y nacionales como una palanca para debilitar las rentas del crimen organizado a la par que se fomenta el desarrollo territorial.

Para ellos, eso se logra al fortalecer las instituciones, recuperar el control territorial, proteger las rentas públicas y generar alternativas económicas sostenibles en las regiones donde la ilegalidad es la fuente principal de ingresos y el ente de poder.