Consejo de Estado suspendió resolución que habilitó fines de semana para contratar durante empalme

El Consejo de Estado decretó una medida cautelar de urgencia y suspendió provisionalmente los efectos de la resolución con la que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) había declarado hábiles varios sábados, domingos y festivos entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026 para adelantar trámites precontractuales, contractuales y actuaciones administrativas durante el proceso de empalme presidencial.

La decisión no resuelve de fondo la legalidad de la resolución, pero sí frena temporalmente su aplicación mientras avanza el proceso de nulidad promovido por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia).

El despacho del magistrado William Barrera Muñoz consideró que el caso debía resolverse por la vía de urgencia debido a que, de seguir el trámite ordinario, la resolución habría producido todos sus efectos antes de que existiera un pronunciamiento judicial, lo que habría dejado sin utilidad la eventual suspensión o una futura sentencia.

En el análisis preliminar, el Consejo de Estado encontró aparentes contradicciones en el contenido del acto administrativo. Aunque la resolución señalaba que la habilitación de sábados, domingos y festivos tenía como único propósito modificar el conteo de términos para los procesos de contratación, al mismo tiempo ordenaba a las dependencias del DAPRE programar servidores públicos para prestar sus servicios durante esas jornadas.

Para el alto tribunal, esa disposición implicaba que los funcionarios efectivamente debían trabajar en días de descanso obligatorio, pero la misma resolución establecía que esas jornadas no generarían, de manera automática, el reconocimiento de horas extras ni remuneración adicional.

Según la providencia, esa previsión podría desconocer las normas que regulan el trabajo de los servidores públicos, las cuales establecen que cuando un funcionario labora de manera ocasional un domingo o un día festivo, tiene derecho, según corresponda, al pago del recargo o a un día de descanso compensatorio.

El Consejo de Estado también cuestionó que el DAPRE hubiera convertido en hábiles esos días para modificar el conteo de términos de los procesos contractuales. La providencia advierte que los plazos de la contratación estatal están definidos por normas legales y reglamentarias y no pueden ser alterados mediante una resolución administrativa.

Otro de los argumentos de la decisión es que el proceso de empalme entre un gobierno saliente y uno entrante constituye una situación plenamente previsible dentro del orden constitucional colombiano. En consecuencia, señala el despacho, esa circunstancia debía ser planeada con anticipación y no justifica modificar las reglas legales que rigen la contratación pública ni los términos establecidos para los procedimientos de selección de contratistas.

La providencia enfatiza que invocar principios como la continuidad del servicio, la eficacia o la celeridad administrativa no autoriza a una entidad pública a apartarse de los procedimientos fijados por la ley.

Con base en ese análisis preliminar, el Consejo de Estado concluyó que existen elementos suficientes para advertir una posible vulneración de normas superiores en materia laboral y de contratación estatal, razón por la cual decretó la suspensión provisional de la resolución mientras se decide de fondo la demanda de nulidad.

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