Pacto Histórico y abogado debaten la eliminación de prima de 18 millones a los congresistas

En las últimas horas el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de los congresistas, estimada en 18 millones de pesos y reglamentada en la Ley 4.ª de 1992.

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La decisión fue adoptada por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, tras argumentar que existen elementos suficientes para decretar la medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.

Por ahora, la suspensión provisional deja sin efectos la derogatoria del Decreto 2170 de 2013 mientras avanza el estudio de fondo de la demanda de nulidad presentada contra el acto expedido por el Gobierno Nacional.

En el marco de esta nulidad, para hablar del tema en 6AM W de Caracol Radio habló Gabriel Becerra, Representante a la cámara del pacto Histórico y Sady Andrés Orjuela, abogado que demandó este decreto.

¿Qué opina de la decisión?

“No es una opinión personal, ni es reciente, es una opinión programática del Pacto Histórico, de nuestra bancada, y es básicamente la de no respaldar la decisión del Consejo de Estado, y fundamentalmente la de seguir respaldando el decreto que sacó el presidente Petro y que además de significar no solamente una reducción en el monto del salario de los congresistas, el mensaje que también es importante transmitir acá es que el Congreso de la República tiene que dar un mensaje de equidad y de justicia”, indicó el representante.

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¿Cuáles son los argumentos de la demanda?

“No se trata únicamente de unos salarios de unos congresistas o de unos empleados de alto nivel. Se trata del efecto cascada que produce esa decisión es mi concepto dañina y adversa, porque que en Colombia el salario de otros funcionarios como el procurador, el contralor, el registrador, está sujeto al salario de los congresistas. Significa entonces que, si el salario de los congresistas se reduce, se va a reducir el salario de muchos funcionarios de ahí para abajo en efecto cascada”, comentó el abogado Orjuela.

Agregó que, además, produciría un perjuicio enorme a las arcas del estado porque vendrían demandas de las personas a quienes se les redujo su salario sin una justificación razonable.

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