Sigue rosario de nombramientos en cargos diplomáticos, pese a inminente cambio de Gobierno

A pocas semanas del cambio de Gobierno, continúan conociéndose nombramientos diplomáticos que han generado cuestionamientos por tratarse de funcionarios cercanos a la actual administración y que estarían próximos a asumir cargos en el exterior, sin respetar la discrecionalidad que tendría la administración entrante, de Abelardo de la Espriella, para hacer sus propias designaciones.

Entre los casos señalados se encuentra el de Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, quien fue designada como cónsul en Nueva Loja, en Ecuador. También figura John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, quien fue nombrado para una representación en Chile, al igual que José Ros, jefe de gabinete de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

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A la lista se suman Uberney Marín, jefe de la Oficina Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tendría como destino Maracaibo; mientras que Wilmar Díaz, asesor de la ministra saliente, fue designado para Barquisimeto. También aparece Gloria Esperanza Acevedo, cuyo nombramiento diplomático previo en Chile durante este mismo gobierno fue anulado por el Consejo de Estado y ahora iría a Panamá.

La principal preocupación radica en que, según la información conocida, varios de estos funcionarios ya estarían participando en procesos de inducción y preparación para asumir sus cargos en el exterior. Esto ocurre pese a la proximidad de la llegada de una nueva administración, que podría revisar o incluso revertir dichas designaciones.

Fuentes del servicio diplomático advierten que, de concretarse esos cambios, el Estado tendría que asumir elevados costos asociados al traslado y posterior retorno de los funcionarios, incluyendo viáticos, gastos de instalación y demás erogaciones derivadas de su desplazamiento al exterior.

Para los críticos de estas decisiones, se trata de nombramientos que podrían generar una carga económica innecesaria para las finanzas públicas si terminan siendo revocados por el próximo gobierno.

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