Contraloría alerta que avance de grupos armados supera al Estado por falta de inversión tecnológica
El ente de control realizó un estudio en el que señala que el país requiere impulsar con urgencia la inversión en ciencia y tecnología militar para contener la rápida expansión territorial de los actores armados ilegales.
De acuerdo con una investigación de la Contraloría delegada para el sector Defensa y Seguridad, la presencia de organizaciones al margen de la ley en el territorio nacional experimentó una notable expansión durante los últimos años.
Según la entidad y su estudio “Análisis de los Avances y la Gestión de los Recursos en la Implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del sector Defensa y Seguridad”, estos grupos pasaron de operar en 195 municipios en 2019 a registrar actividad en 518 localidades para el año 2025, lo que equivale a un incremento del 165% en su cobertura geográfica.
Este crecimiento en el control territorial vino acompañado de un aumento de cerca de 5.000 nuevos integrantes en un solo año, consolidando un ejército ilegal de aproximadamente 27.000 miembros a nivel nacional.
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Ante esta dinámica, la respuesta de las autoridades estatales provocó que los combates en el país se elevaran un 111%. Durante 2025 se contabilizaron 228 enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y estas organizaciones, consolidándose como la cifra de conflictividad más alta registrada en la última década.
Como respuesta del Gobierno, se incrementó el presupuesto para herramientas de última generación. Mientras que en 2024 se asignaron 136.200 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones, para el año 2025 la partida presupuestal programada con este mismo fin se elevó a cerca de 300.000 millones de pesos.
¿Qué recomienda la Contraloría?
A pesar de los esfuerzos presupuestales específicos y del desarrollo de innovaciones locales, el órgano de control advirtió que el financiamiento global en investigación sigue siendo crítico.
Colombia apenas destina el 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, una cifra que contrasta con el promedio del 2,5% que invierten las naciones pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Los datos revelados reflejan que la estrategia de los grupos ilegales ya no es solo numérica, sino que incluye capacidades de adaptación técnica que exigen una respuesta sofisticada mediante inteligencia artificial, analítica de datos y soberanía digital.
“La ciencia, la tecnología y la innovación son hoy un componente estratégico de la defensa nacional y una condición indispensable para proteger a los colombianos frente a amenazas en permanente transformación”, afirma el documento.
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Finalmente, la Contraloría General de la República enfatizó que el fortalecimiento científico en seguridad debe consolidarse como una política de Estado a largo plazo para garantizar la sostenibilidad operativa, y que el futuro de la protección territorial y la optimización de los recursos públicos en Colombia estarán condicionados por la capacidad institucional de cerrar la brecha digital frente a la criminalidad organizada.