La salud superó a la corrupción y se convirtió en la principal preocupación de los colombianos

Ese es uno de los principales hallazgos del primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud colombiano, elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y operado por la firma Eureka Group. La investigación, realizada entre el 11 y el 30 de mayo con 1.560 personas mayores de edad en 47 municipios del país, encontró que el 26,1 % de los encuestados considera que la falta o la mala prestación de los servicios de salud es hoy la principal preocupación nacional, mientras que la corrupción aparece en segundo lugar con el 19,8 %.

Los investigadores advierten que no se registraba un nivel de preocupación tan alto por la salud desde la pandemia del covid-19 y atribuyen este resultado a las dificultades para acceder a servicios, las demoras en la atención y los problemas con la entrega de medicamentos que aún siguen vigentes.

Las mayores dificultades se concentran en las EPS intervenidas

La encuesta muestra una marcada diferencia entre la experiencia de los afiliados a EPS intervenidas y las que continúan operando sin medidas administrativas por parte del gobierno.

Mientras cerca de la mitad de los usuarios de EPS no intervenidas aseguró haber recibido la atención médica que necesitaba sin dificultades, entre quienes pertenecen a entidades bajo intervención esa proporción cae a uno de cada tres. Además, casi uno de cada cinco afiliados a estas EPS afirmó que no recibió el servicio que requería.

La brecha también se evidencia en la entrega de medicamentos. Solo uno de cada cuatro usuarios de EPS intervenidas aseguró haber recibido la totalidad de los medicamentos formulados, mientras que entre las no intervenidas la cifra supera el 40 %. Incluso, el 17,1 % de los afiliados a entidades bajo intervención afirmó que tuvo que comprar con recursos propios todos los medicamentos recetados.

Las diferencias se repiten en el acceso a citas médicas y en la confianza hacia las aseguradoras. El 30 % de los afiliados a EPS intervenidas aseguró no confiar en su entidad, más del doble del porcentaje registrado entre quienes pertenecen a EPS no intervenidas.

Uno de cada cinco colombianos gasta más de $500.000 al mes en salud

El estudio también revela el impacto económico que enfrentan miles de familias para acceder a servicios médicos.

Tres de cada diez colombianos aseguraron haber tenido que pagar dinero de su propio bolsillo para recibir atención en salud. Además de ello, la situación es más crítica entre los afiliados a EPS intervenidas, donde casi cuatro de cada diez usuarios reportaron haber asumido estos gastos, frente a poco más de dos de cada diez en las entidades no intervenidas.

Además, cerca del 22 % de la población afirmó gastar más de 500.000 pesos mensuales de sus propios recursos para financiar atenciones relacionadas con su salud, un indicador que refleja el peso que han adquirido las dificultades de acceso para miles de hogares.

Los colombianos quieren cambios, pero no eliminar las EPS

En medio del debate sobre la reforma a la salud, el estudio encontró que existe una demanda de cambios, pero no necesariamente de desmontar el sistema actual como se ha indicado por diferentes personalidades del gobierno.

El 43,6 % de los encuestados manifestó estar de acuerdo con una reforma al sistema. Sin embargo, solo el 41,4 % respalda que el Gobierno administre directamente los recursos y apenas el 30,4 % está de acuerdo con la desaparición de las EPS.

Por el contrario, la mayoría de los participantes se inclina por un modelo mixto. El 57,6 % considera que la responsabilidad de garantizar la atención debe ser compartida entre el Estado y el sector privado, mientras que apenas un 11 % cree que debería recaer principalmente en este último.

Las conclusiones del informe apuntan a que los colombianos perciben un sistema con problemas crecientes, pero no están pidiendo desmontarlo, acabarlo. La exigencia, según los investigadores, está centrada en mejorar la calidad, la oportunidad y el acceso a los servicios.

“La evidencia muestra un sistema deteriorado y un paciente que pide mejoras, no demolición”, concluye la investigación.

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