Embajada de Colombia interviene tras captura de Beto Coral y señala indicios de motivación política

Por medio de la Embajada de Colombia en Washington, el gobierno de Gustavo Petro solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional que entreguen “información sobre los fundamentos de la presunta detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte de oficiales de HSI”.

En esta petición también piden aclarar “las circunstancias relevantes relacionadas con esta medida” incluyendo su permanencia en custodia y traslado al Centro Correccional de Central Arizona Florence.

Motivaciones políticas y garantías

“La Embajada de la República de Colombia observa, además, con preocupación, que una declaración publicada hoy en redes sociales por el Senador Bernie Moreno parecería sugerir que la medida tuvo una motivación política”, agrega el mensaje del Gobierno Petro.

El gobierno colombiano recuerda que “en virtud del derecho internacional y de las leyes federales y estatales internas, al señor Coral Garrido” se le deben otorgar “todas las garantías sustantivas y procesales del debido proceso, incluido el acceso a la asistencia consular conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″.

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El estatus de Coral

El activista tenía un permiso de trabajo vigente al momento de su detención y tramitaba una solicitud de asilo por persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia, según detalló a la agencia EFE Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, que ha apoyado el caso de Coral desde 2020.

Al ser consultado por EFE sobre la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) se refirió a Coral como un “extranjero ilegal” y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

“Coral-Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación”, indicó un portavoz del DHS a EFE. “Estar detenido es una elección. Animamos a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país a tomar el control de su salida mediante la aplicación CBP Home”, añadió.

La detención del activista

Coral fue detenido el martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona. En un audio difundido en redes sociales por legisladores colombianos, Coral denunció que los agentes que lo arrestaron le informaron que la orden de detenerlo provenía, “supuestamente”, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios de EFE sobre esta denuncia.

¿De regreso a Colombia?

WOLA, una organización defensora de los derechos humanos en Latinoamérica, teme que la vida de Coral corra peligro si es enviado de regreso a Colombia.

“Él ha recibido amenazas de muerte e intimidación por sus posturas. Una persona que ha sido señalada tan abiertamente, si es deportada a Colombia, corre un alto riesgo de que le ocurra algo”, indicó Sánchez.

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Ambiente electoral

La detención de Coral tuvo lugar días después de que el activista participara en una protesta en Miami, transmitida en redes sociales, contra Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha a la Presidencia de Colombia, del movimiento Defensores de la Patria.

El martes por la mañana, De la Espriella, quien también es ciudadano estadounidense y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que hacía un guiño al subsecretario de Estado Christopher Landau, autodenominado “quitavisas”, en referencia a su campaña para revocar visas a extranjeros que considere una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

“Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”, escribió De la Espriella.

Sánchez considera que la detención de Coral se enmarca en una tendencia de políticos o funcionarios afines a Trump que han utilizado su influencia en Estados Unidos para “neutralizar o vengarse” de sus críticos y opositores.

El Gobierno de Trump, además, “ha dejado claro” que no tiene problema en expulsar a personas cuyas actividades en Estados Unidos desaprueba, agregó.