Cinco capturados y equipos destruidos dejan operativos contra minería ilegal en Girardota y Barbosa

Antioquia

En operativos realizados en los municipios de Girardota y Barbosa fueron capturadas cinco personas y destruida maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, actividades que generan graves afectaciones ambientales en la región.

“Estaban logrando afectar actividades que venían generando graves impactos sobre las fuentes hídricas, los ecosistemas y la estabilidad de los suelos en esta zona del departamento”, indicó el Mayor Wilder Vásquez, jefe de Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

El primer procedimiento se llevó a cabo en la vereda San Andrés, en Girardota, donde uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional descubrieron un socavón utilizado para la explotación ilegal de minerales. Según las autoridades, la actividad se realizaba sin contar con título minero ni licencia ambiental.

Durante la intervención fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. Además, las autoridades incautaron nueve barras de explosivos, un motor eléctrico, un rollo de cable UTP y material plástico utilizado para almacenar explosivos. Los elementos decomisados fueron avaluados en cerca de siete millones de pesos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será un juez de control de garantías quien determine su situación judicial.

De manera paralela, la Policía desarrolló una operación contra la minería ilegal en el municipio de Barbosa, donde logró la destrucción e incautación de equipos empleados para la extracción irregular de minerales.

En el procedimiento fueron intervenidas dos dragas tipo buzo, cuatro motobombas, dos motores, dos clasificadoras artesanales con malla eslabonada, 16 canecas plásticas y cinco metros de manguera. La maquinaria y los elementos destruidos e incautados fueron avaluados en aproximadamente 90 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones representan una afectación significativa a las economías ilegales derivadas de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, una práctica que pone en riesgo las fuentes hídricas, los ecosistemas y los suelos de la región.