Procuraduría pidió cuentas a Superservicios y a la empresa AIR-E tras 19 meses de intervención

Tras 19 meses de intervención administrativa a AIR-E S.A.S. E.S.P., la Procuraduría General de la Nación aseguró que “no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora”, lo que encendió las alertas sobre el futuro de la empresa que presta el servicio de energía en la región Caribe.

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Por esta razón, el Ministerio Público requirió formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, para que expliquen los avances operacionales y financieros alcanzados, además de sustentar las decisiones adoptadas durante el proceso de intervención.

Preocupan las finanzas y la falta de auditorías

La Procuraduría manifestó su inquietud porque, hasta la fecha, “no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes”.

Asimismo, el ente de control advirtió sobre “el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente”, situaciones que generan dudas frente a la estabilidad financiera de la compañía.

Cinco interventores en menos de dos años

Otro de los puntos señalados por la Procuraduría es la constante rotación de interventores. Según indicó, ya son cinco las personas que han asumido esa responsabilidad desde el inicio de la intervención.

El primero en asumir fue Carlos Diago, quien llegó al cargo en septiembre de 2024 y permaneció durante 43 días. Posteriormente fue designado Edwin Palma, cuya gestión se extendió por cerca de cuatro meses antes de ser nombrado ministro de Minas y Energía.

Más adelante asumió Diana Bustamante, quien estuvo poco más de tres meses al frente de la intervención. Luego fue designado Nelson Javier Vásquez Torres, que llegó en junio de 2025 y permaneció siete meses hasta presentar su renuncia en enero de 2026.

Actualmente, la intervención está en manos de Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien asumió en mayo de 2026, luego de un periodo de interinidad liderado por Tania Peñaranda.

Para el Ministerio Público, esta situación “afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención”, dificultando la ejecución de un plan sólido para la recuperación de la empresa.

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Exigen hoja de ruta y plan financiero

Ante la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir “la hoja de ruta actualizada para AIR-E y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones”.

De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación detallada de contratos superiores a 500 millones de pesos y “un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado”.