Gobierno recusa al magistrado que lleva el caso del contrato de pasaportes

A pesar de que ante el tribunal que tiene la tarea de definir si hubo o no ilegalidad en la firma del contrato con la Casa da Moeda de Portugal para la fabricación de pasaportes en Colombia, ya hay tres abogados privados que defienden los intereses del Gobierno y a quienes se les pagan gruesas sumas de dinero para ejercer dicha defensa.

Los intervinientes del caso quedaron sorprendidos al ver que, en días pasados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) radicó una recusación en contra del magistrado que está sustanciando la decisión. Esto, bajo el argumento de que algunas de las acciones o determinaciones del juez dentro del desarrollo procesal serían prueba de que ya se ha tomado una posición que afecta la posición neutral que corresponde a un juez.

La aparición de la ANDJE con esta recusación –teniendo en cuenta que Felipe de Vivero Arciniegas, Alexandra Quintero Fajardo y Camilo Andrés Garcia Gil ya representan a la Cancillería, la Imprenta Nacional o la Casa da Moeda– no solo implica la aparición de un nuevo actor en el caso, sino que, para observadores del proceso, podría interpretarse como un intento del Gobierno del presidente Gustavo Petro por frenar cualquier decisión judicial que pueda darse respecto al caso del contrato para la fabricación de los pasaportes de los colombianos.

La ANDJE argumenta que existe una “duda objetiva sobre la imparcialidad del juzgador”, teniendo en cuenta que, a lo largo del proceso, el tribunal ha mantenido “una línea de conducción consistente, en la que el despacho (habría) sostenido y reforzado una misma hipótesis” que estaría alineada con el demandante del contrato.

La decisión respecto a la recusación tendrá que ser tomada en los próximos días por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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