Agro Ingreso Seguro: tutela devuelve al inicio proceso contra empresarios que habían aceptado cargos

Un nuevo capítulo judicial se abre en el caso de corrupción conocido como Agro Ingreso Seguro, luego de que una decisión de tutela dejara sin efectos las condenas de primera, segunda y última instancia contra los empresarios Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano, quienes previamente habían reconocido su responsabilidad.

El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que el pasado 18 de julio de 2025 esa corporación, al resolver un recurso extraordinario de casación, había dejado en firme la condena impuesta por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá contra los procesados. La decisión se sustentó en que ambos habían suscrito un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaron de manera expresa su responsabilidad por el delito de peculado, en el marco del escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Sin embargo, el caso dio un giro tras la interposición de una acción de tutela. En un primer momento, el 28 de enero de 2026, la Sala de Casación Civil negó el amparo solicitado al concluir que no se evidenciaba vulneración de derechos fundamentales dentro del proceso penal.

La controversia se reabrió el pasado 24 de abril, cuando la Sala de Casación Laboral, mediante el fallo STL6294-2026, concedió la tutela a favor de los empresarios. En su decisión, ordenó dejar sin efectos el proceso penal “desde la audiencia de verificación del preacuerdo inclusive”, lo que en la práctica devuelve el expediente a una etapa inicial para que se adelante un nuevo control judicial.

La Sala Laboral sustentó su determinación en la existencia de un defecto procedimental. A su juicio, la conducta atribuida a los procesados sería atípica y los jueces de instancia no habrían ejercido un adecuado control material sobre el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía.

Frente a este escenario, la Sala de Casación Penal manifestó su respeto por las decisiones judiciales adoptadas por las distintas salas de la Corte Suprema, pero reiteró que en este caso los empresarios aceptaron libre, consciente y voluntariamente su responsabilidad penal. Además, recordó que en la sentencia de casación se explicó por qué los procesados no tenían legitimación para cuestionar el proceso y por qué su conducta sí debía ser sancionada penalmente.

En consecuencia, y con el objetivo de agotar las instancias institucionales, la Sala de Casación Penal solicitó a la Corte Constitucional la eventual revisión del fallo de tutela.