Corte reconoce estudio y enseñanza para disminuir penas de internos

La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que refuerza el enfoque de resocialización en las cárceles del país. La Sala de Casación Penal, a través de su Sala de Decisión de Tutelas número tres, amparó los derechos fundamentales de tres internos a quienes se les había concedido la reducción de sus penas únicamente por el trabajo realizado.

El alto tribunal consideró que estos beneficios deben aplicarse de manera igualitaria, incluyendo también las actividades de estudio y enseñanza dentro de los centros penitenciarios.

“La fase de ejecución de la pena demanda una concepción humanista del castigo, con énfasis en la resocialización de las personas condenadas. Solo así es posible reducir, así sea mínimamente, la brecha entre la política criminal fragmentada y los fundamentos convencionales y constitucionales de la pena”, se lee en la sentencia.

Durante el análisis del caso, la Corte también advirtió sobre la inestabilidad del sistema penal en Colombia. Según el fallo, en los últimos 46 años el Congreso ha realizado 88 reformas a los delitos y las penas, lo que equivale a un cambio aproximadamente cada seis meses.

Para la Sala, esta dinámica ha generado tensiones entre la política criminal y los principios constitucionales. En ese contexto, la acción de tutela ha sido clave para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y mantener el enfoque en su resocialización.

Además, la Corte identificó dos líneas dentro de la jurisprudencia actual. Por un lado, una postura “profundamente garantista y orientada hacia la resocialización de la persona privada de la libertad”. Por otro, una visión que mantiene la distancia entre una política criminal más estricta y los fundamentos constitucionales.

El tribunal fue enfático en señalar que “el control constitucional como control de extremos no ha sido suficiente para racionalizar este problema, pues la libertad de configuración normativa del Congreso ha sido inmune a él”, dejando abierta la discusión sobre posibles ajustes de fondo en el sistema penal.