¿Debe salir alias ‘Calarcá’ de la mesa de paz? Congresistas debaten tras decisión de la Fiscalía

El debate se intensificó luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunciara la imputación de cargos contra el excomandante de las disidencias de las FARC, alias ‘Calarcá’, y que afirmara que se revocará parcialmente la suspensión de 16 órdenes de captura en el Valle de Aburrá.

La representante a la Cámara, Piedad Correal, aseguró que lo ocurrido evidencia una falta de coordinación entre el Gobierno Nacional, la Fiscalía y el Congreso frente a temas clave de seguridad.

Según señaló, decisiones como la solicitud de suspender órdenes de captura, incluyendo casos de personas ya privadas de la libertad, reflejan desarticulación institucional. “Son temas muy delicados para el país y no hay coordinación”, afirmó.

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Correal también respaldó la postura de la fiscal frente a alias ‘Calarcá’ y fue enfática en que el Gobierno debe actuar. “Estoy totalmente de acuerdo con la fiscal general. El Gobierno debe revocar esa vocería de paz”, dijo.

La congresista argumentó que existen “indicios graves” de que el cabecilla de las disidencias ha continuado delinquiendo en regiones como Meta, Caquetá, Antioquia y Norte de Santander, con hechos relacionados con “homicidios, reclutamiento forzado y otras actividades ilícitas”.

Además, advirtió que desde el Congreso ya se habían elevado alertas sobre la falta de resultados de la política de ´Paz Total´. “No se ha dado ningún resultado y, por el contrario, ha aumentado la inseguridad”, sostuvo.

Finalmente, explicó que la ausencia de avances en el orden público ha impedido que se genere un ambiente político para tramitar una ley de sometimiento en el Legislativo.

“Ser gestor de paz no puede frenar a la justicia”

Por su parte, el representante Juan Daniel Peñuela coincidió con la fiscal y defendió la decisión de avanzar en la imputación de cargos contra ‘Calarcá’.

El congresista señaló que la condición de gestor de paz no puede convertirse en un obstáculo para la acción judicial. “No puede paralizar a la Fiscalía si hay evidencia de delitos de lesa humanidad”, afirmó.

“No se puede amarrar de pies y manos a la Fiscalía para que ante estos hechos tozudos no adelante las acciones penales que correspondan”, concluyó.

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Peñuela agregó que continuar cometiendo delitos mientras se participa en una mesa de negociación constituye un “incumplimiento total a las responsabilidades que tienen los gestores de paz”, por lo que las autoridades deben actuar.

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