Economía

“Salir del arbitraje internacional no es la solución”: María Claudia Lacouture alerta riesgos

El anuncio del presidente Gustavo Petro de retirar a Colombia del arbitraje internacional de inversión generó reacciones encontradas entre expertas, que advierten riesgos para la inversión y cuestionan el modelo actual.

“Salir del arbitraje internacional no es la solución”: María Claudia Lacouture alerta riesgos

Este martes, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro anunció la decisión de iniciar el retiro de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión, el cual es un mecanismo de solución de controversias mediante el cual inversores extranjeros demandan a Estados ante tribunales arbitrales.

Este dictamen abrió un debate de alto impacto económico y jurídico. Mientras el Ejecutivo sostiene que estos mecanismos afectan la soberanía del país, expertas consultadas advierten efectos sobre la confianza inversionista y la estabilidad regulatoria.

En 6 AM W con Julio Sánchez Cristo, la presidente de AmCham Colombia y exministra de Comercio, María Claudia Lacouture, señaló que el arbitraje internacional ha sido una herramienta clave para garantizar seguridad jurídica.

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Según explicó, entre 2021 y 2024 Colombia ganó 10 de 12 casos arbitrales, lo que muestra un balance favorable para el país.

Sin embargo, las cifras también evidencian un aumento en la exposición a litigios, es decir, conflictos legales entre las partes. El número de casos pasó de 20 a 34 desde 2022, mientras que las pretensiones económicas (rango salarial deseado) crecieron de 10 billones a 59 billones de pesos.

Lacouture advirtió que la salida del sistema no es una decisión simple ni inmediata. Explicó que Colombia tendría que renegociar uno a uno los acuerdos internacionales que contienen cláusulas de arbitraje, un proceso que puede extenderse más allá del actual gobierno.

Además, cuestionó que el debate se esté planteando como una decisión “binaria”. A su juicio, el enfoque debería centrarse en mejorar los mecanismos existentes y no en abandonarlos, especialmente cuando el país ha logrado resultados favorables en varios litigios.

Cabe recordar que el anuncio del Gobierno se produce tras la carta firmada por más de 200 economistas y juristas internacionales, entre ellos Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, quienes proponen revisar el sistema al considerar que favorece a los inversionistas extranjeros y limita políticas públicas como la transición energética.

La otra cara de la moneda

Desde una perspectiva académica, Laura García Matamoros, abogada y doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, explicó que estos mecanismos surgen de tratados bilaterales de inversión, cuyo objetivo es atraer inversión extranjera y, aparte, otorgan una protección especial a los inversionistas extranjeros.

Según detalló, esto genera lo que se conoce como “enfriamiento regulatorio”: el Estado puede evitar tomar decisiones en temas sensibles, como el medio ambiente o derechos colectivos, por temor a demandas internacionales.

García también subrayó que el monto de las condenas en estos tribunales puede ser muy elevado y, en algunos casos, representar un impacto significativo sobre las finanzas públicas. Incluso cuando el Estado gana, debe asumir altos costos en honorarios legales.

Otro elemento clave es la asimetría del sistema, donde solo los inversionistas pueden demandar a los Estados, lo que, según la experta, responde a una lógica en la que se considera al inversionista como la parte más débil en la relación.

Sin embargo, García señaló que existen alternativas como la renegociación de tratados, con respecto a la la inclusión de cláusulas específicas en contratos o la creación de mecanismos internos que protejan tanto al Estado como a los inversionistas.

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Incluso destacó que no hay evidencia concluyente de que la existencia de tratados de arbitraje sea el principal factor para atraer inversión extranjera.

“Hasta ahora no hay cifras contundentes que demuestren que el inversionista pone como prioridad la existencia de un tratado para invertir”, dijo García.

Asimismo, la docente citó el caso de Brasil, que es un país que tiene una alta inversión extranjera y no tiene ningún acuerdo bilateral de inversión que proteja a los inversionistas de otro estado.

Más allá del anuncio y las posiciones al respecto, el proceso implicaría renegociaciones complejas y definiciones estratégicas sobre el modelo de inversión extranjera en el país.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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