Para grupos armados es más rentable la minería ilegal que el narcotráfico: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, le pidió al próximo Congreso de la República y a los precandidatos presidenciales que saquen adelante proyectos de ley que permitan contrarrestar los graves efectos ambientales, sociales y hasta sanitarios generados por la minería ilegal en zonas como el sur de su departamento.

En medio de un foro de la Federación Nacional de Departamentos y el diario El Tiempo, la gobernadora insistió en los devastadores efectos de la minería ilegal, especialmente en el municipio de Ataco, donde se tienen reportes de deforestación en más de 230 hectáreas, contaminación de ríos y cambios profundos en las dinámicas sociales.

Según la gobernadora, detrás del negocio de la minería ilegal hay grupos armados como las disidencias de las Farc, especialmente el frente Ismael Ruiz, de alias Iván Mordisco. Negocio que les genera ingresos superiores a los $5.000 millones mensuales, según la mandataria.

“Tenemos supremamente claro que aquí se están beneficiando no solamente por lo que entran a recibir en los porcentajes por la extracción de oro que se hace, sino además porque por cada máquina que ingresa al territorio estas estructuras criminales cobran entre $5 y $8 millones. Es decir, que esos grupos, podría decirlo a nivel nacional, consideran más rentable fortalecer sus finanzas con la extracción ilegal de estos minerales que el mismo narcotráfico como tal”, aseguró Matiz.

La gobernadora del Tolima también alertó sobre la falta de articulación entre las entidades nacionales para detener este fenómeno que se viene presentando en municipios como Ataco y Chaparral desde hace más de un año.

“Yo sí creo que necesitamos reglas claras; y me refiero a un caso muy sencillo: cuando llevan la maquinaria pesada a estos territorios, ¿cómo hacen para circular libremente por nuestras vías? Cuando uno establece controles viales, de la mano de la Policía y del Ejército Nacional, ellos paran la máquina, muestran los papeles donde tienen la tarjeta de propiedad y toda la documentación; entonces los policías dicen: yo no puedo detener ni decomisar esa máquina porque está todo en regla”, explicó.

Matiz también comparó las regalías legales que reciben las finanzas departamentales y las ganancias por explotación ilegal de grupos al margen de la ley.

“Nos sentimos solos en el territorio y no parece que tuviéramos apoyo de las entidades del orden nacional. Nosotros en el departamento recibimos menos de $500 millones mensuales por regalías de oro, mientras que esos grupos ilegales reciben hasta $5.000 millones mensuales por explotación ilegal de metales”, señaló.

Finalmente, la gobernadora del Tolima advirtió que el próximo Congreso de la República debe legislar sobre minería legal en aspectos como el registro único de proveedores o comercializadores y un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen y la legalidad del oro que se vende en el mercado. “Este tema debe estar en la agenda nacional porque es una problemática que estamos viviendo varios departamentos”, concluyó.

La gobernadora espera que la próxima bancada parlamentaria del Tolima impulse la iniciativa legislativa en el Congreso.