Denuncian ante la Procuraduría a superintendente por presunta injerencia en EPS y hospitales
De acuerdo con la información, Beatriz Gómez Consuegra habría intervenido en hospitales y EPS pese a estar legalmente impedida, y presentó nuevas pruebas documentales ante el Ministerio Público.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara | Foto: Cortesía
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios de salud, por una presunta intervención irregular en decisiones administrativas, pese a encontrarse legalmente impedida.
Según la congresista, existen nuevas pruebas documentales que demostrarían que Gómez Consuegra participó directamente en actuaciones de alto nivel dentro de la Superintendencia de Salud, a pesar de haber negado cualquier injerencia y de haberse declarado impedida por posibles conflictos de interés.
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De acuerdo con la denuncia, la funcionaria, presuntamente intervenido en al menos cuatro hospitales y dos EPS. Entre los casos señalados están el Hospital Nazareth de Uribia (La Guajira), donde participó en la resolución de intervención forzosa y dio concepto favorable para la designación de la agente interventora; el Hospital Local de Cartagena de Indias y el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (Valle del Cauca), donde habría posesionado a los interventores; y el Hospital María Inmaculada (Caquetá), cuyos procesos de intervención registran su firma, pese al impedimento vigente.
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Pedraza también afirmó que Gómez Consuegra participó en discusiones relacionadas con la intervención de EPS como Emsanar y Sanitas, incluso en la aprobación de la terna para el interventor de Sanitas.
“Es un hecho notorio que Beatriz Gómez es funcionaria pública y esposa del ministro de Salud. Aunque firmó un impedimento, terminó interviniendo en hospitales y EPS. Esto pone en duda la neutralidad de sus actuaciones”, señaló la congresista.
Esta denuncia se suma a un antecedente revelado en abril de 2025, relacionado con un proyecto de 55.000 millones de pesos para la adquisición de un buque hospital destinado al Amazonas, caso que ya había generado cuestionamientos sobre la actuación de la funcionaria.
