Ordenan evacuación inmediata del edificio “El Centavo Menos” en el Centro Histórico por colapso
Un juez de Cartagena decretó medidas provisionales para proteger la vida de un menor y ordenó el cierre de locales comerciales en el inmueble ante una “amenaza real y grave”
Edificio "El Centavo Menos", Centro Histórico. // Caracol Radio
La justicia local ha emitido una orden perentoria que busca evitar una tragedia en el corazón del Centro Histórico de Cartagena. El Juzgado Veinte Penal Municipal ordenó la evacuación preventiva, inmediata y material del emblemático inmueble conocido como “Edificio El Centavo Menos”, ubicado en la intersección de la calle Cochera del Gobernador con Manuel Román y Picón.
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Un riesgo inminente
La decisión se tomó tras la admisión de una acción de tutela presentada en favor de un menor de edad que reside en la estructura. Según el auto No. 00138, informes técnicos de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) ya habían declarado el inmueble en estado de peligro desde 2023; sin embargo, hasta la fecha, las órdenes de desalojo no se habían cumplido.
El juez Víctor Elías Guevara advirtió que existe una “amenaza real, grave, actual e inminente” sobre la vida de los residentes y de los transeúntes que frecuentan los establecimientos del primer piso.
Suspensión de actividades y cerramiento
El fallo judicial contempla medidas radicales que deben ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas:
- Evacuación total: Salida inmediata de todas las personas que habitan o laboran en el edificio.
- Cierre comercial: Suspensión de todas las actividades en locales abiertos al público ubicados en la planta baja.
- Aislamiento del área: Implementación de cerramientos, señalización y control de acceso para evitar que cualquier persona ingrese a la zona de peligro.
Entidades responsables
La orden recae directamente sobre el Distrito de Cartagena, la Secretaría del Interior y la Inspección de Policía del Centro Histórico, quienes deberán coordinar el operativo. El incumplimiento de esta medida podría derivar en un incidente de desacato y sanciones penales para los funcionarios responsables.
Esta medida provisional se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia de fondo sobre la tutela, priorizando el derecho fundamental a la vida y la protección reforzada de la infancia.
