Acolgen alerta riesgos para la inversión tras decreto expedido en emergencia económica
El gremio eléctrico advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la crisis energética en la Costa Caribe podrían afectar la confianza inversionista.
En su pronunciamiento expresaron su preocupación por los efectos que podría tener el Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, sobre la inversión y la seguridad jurídica del sector eléctrico en Colombia.
El decreto fue adoptado como parte de las medidas extraordinarias para enfrentar la situación financiera y operativa del sistema eléctrico en la Costa Caribe, una región que ha presentado dificultades estructurales en la prestación del servicio. Sin embargo, según el gremio de generadores, algunas disposiciones modifican las reglas del mercado eléctrico y generan incertidumbre para un sector que depende de inversiones de largo plazo.
Acolgen recordó que, en los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de 140 billones de pesos para garantizar un sistema confiable y que, además, el país requiere inversiones anuales entre 10 y 13 billones de pesos para asegurar el suministro de energía en el mediano y largo plazo.
Desde el gremio señalaron que los cambios introducidos por el decreto pueden dificultar el acceso a financiamiento, frenar nuevas inversiones y afectar la contratación de energía a largo plazo. También advirtieron que algunas medidas podrían entrar en tensión con tratados internacionales y llegar a interpretarse como mecanismos equivalentes a una expropiación.
En su comunicación, Acolgen sostuvo que la situación de la Costa Caribe no corresponde a un evento imprevisible, requisito clave para la expedición de decretos de emergencia, por lo que consideró legítimo cuestionar la necesidad, proporcionalidad y alcance de las medidas adoptadas.
Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para reconsiderar el decreto, abrir espacios de diálogo técnico e institucional y buscar soluciones a través de los mecanismos ordinarios, con el fin de preservar la confianza inversionista, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país.
