Gobierno extenderá declaratoria de emergencia económica: daría aval para expedir nuevos impuestos

El Gobierno extenderá la declaratoria de emergencia económica, debido a que este viernes culminan los primeros 30 días de esta condición que quedó establecida mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Lea también: Gobierno solicitó que magistrado Ibáñez se aparte de discusión del decreto de emergencia económica

Con esto, el Gobierno se avala para expedir nuevos decretos para imponer impuestos, si así lo considera.

De hecho, el Gobierno analiza emitir nuevos otras medidas que les permitan tener nuevos recursos.

Hay que recordar que la declaratoria de emergencia económica se puede extender por un máximo de 90 días.

Hasta la fecha, el gobierno ha emitido un decreto de emergencia económica, que ahora prorrogará; un decreto con impuestos a sectores como los juegos de suerte y azar en línea, licores, patrimonio, hidrocarburos, entre otros; así como un decreto para incrementar las tarifas de energía.

Con todas esas medidas mencionadas, el gobierno espera recaudar cerca de 12 billones de pesos. Sin embargo, con la reforma tributaria que se cayó en el Congreso, esperaba recaudar 16 billones de pesos.

¿Por qué hay una emergencia económica?

En el decreto del 22 de diciembre del año pasado, el Gobierno expuso varios asuntos que los llevaron a tomar esta decisión:

1. La obligatoriedad de cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud.
2. La garantía de seguridad ciudadana por las recientes alteraciones de orden público y la protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones.
3. La no aprobación, por parte del Congreso, de dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 ($12 billones) y 2026 ($16,3 billones).
4. Desastres naturales causados por la actual ola invernal (Decreto 1372 de 2024 de Emergencia de Desastre Nacional por cambio climático y sus efectos).
5. Sentencias judiciales ejecutorias pendientes de pago.
6. Obligaciones atrasadas de origen legal (subsidios de servicios públicos eléctricos y combustibles) y contractual (vigencias futuras) adquiridas antes del presente Gobierno que se encontraban pendientes de pago y que deben pagarse en su totalidad.
7. Agotamiento de las alternativas de endeudamiento (Regla Fiscal) y cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EE. UU.
8. Restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.