Procuraduría citó audiencia a Alcaldía de Bogotá por presunto daño patrimonial de más de $2 billones
El caso está relacionado con el procedimiento de formulación del Plan Parcial ‘Ciudad Bolívar 75 – Azoteas’ en el sur de la capital.
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El derivado del trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”, relacionado con un proyecto de vivienda de interés social en el sur de la capital.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación administrativa a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, como posibles responsables de un presunto daño patrimonial estimado en más de 2 billones de pesos.
El caso está relacionado con el procedimiento de formulación del Plan Parcial ‘Ciudad Bolívar 75 – Azoteas’.
La solicitud fue promovida por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que buscaba desarrollar más de 70.000 viviendas de interés social en una zona del sur de Bogotá con alto déficit habitacional. El conflicto se originó el 9 de diciembre de 2021, cuando la firma radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación la solicitud para la formulación del plan parcial.
De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, la administración distrital contaba con un plazo máximo de 60 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud. Al no emitirse una decisión dentro de ese término, los propietarios configuraron el acto administrativo mediante escritura pública y notificaron a la entidad, solicitando continuar el trámite urbanístico bajo la figura del silencio administrativo positivo.
Posteriormente, la Secretaría Distrital de Planeación sostuvo que sí había emitido una decisión, pero se verificó que la notificación fue enviada a un correo electrónico distinto al suministrado por los interesados, lo que, según el expediente, impidió que estos conocieran la decisión y ejercieran los recursos correspondientes. Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el suelo perdió la posibilidad de destinarse a vivienda de interés social, lo que, según los propietarios, redujo de manera significativa el valor del predio.
Eduardo Romano, representante legal de la firma promotora, afirmó que “no atienden razones, no escuchan el evidente fundamento legal y se niegan a reconocer el hecho objetivo y palmario de que hubo un error en el procedimiento de notificación”. En paralelo, el abogado Rodolfo Correa presentó una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, admitida en fase de conciliación. La audiencia está prevista para enero de 2026.
