Por manifestación de una comunidad indígena, la vía Medellín-Quibdó está bloqueada
Otro grupo de comuneros también bloquea la entrada de la Secretaría de Educación de Chocó en Quibdó.
Bloqueo de la vía Medellín-Quibdó sector 18- foto archivo de Publinoticias
Chocó
La secretaria de gobierno de Chocó y gobernadora encargada del departamento, Jenny Rivas, informó que, pese a las constantes reuniones e intenciones de lograr que se levante la protesta, aún permanece bloqueada la vía Medellín-Quibdó a la altura del sector El 12 del municipio de El Carmen de Atrato por una organización indígena, Unión Katío, donde permanecen unas 100 personas.
La funcionaria manifestó que este grupo realiza una exigencia para la actualidad que es inviable. Asegura que solicitan que se les entregue la operación de la sede educativa de su resguardo. Sin embargo, la secretaria Rivas indica que ese contrato ya fue adjudicado a una empresa que lo ejecutará durante todo el 2026. Por ello, la solicitud que motivó la protesta no se puede cumplir.
“Estos procedimientos administrativos han tenido cuestionamiento por los indígenas o han generado inconformidad, pero realmente esto obedece a conflictos internos que ellos tienen, pero que nada tiene que ver con la Secretaría de Educación Y, en este caso, ellos hacen unas solicitudes o tienen unas pretensiones, las cuales no se pudieran atender porque son, digamos, injustificadas”, explicó la gobernadora encargada.
Explica que el diálogo ha estado activo con los manifestantes para llegar a un acuerdo, pero además recalca que el mismo de unos 80 indígenas también genera un bloqueo en la oficina de la Secretaría de Educación de la gobernación ubicada en la ciudad de Quibdó. Allí, muchos son niños utilizados por los manifestantes y donde dejaron encerrados durante dos horas a los funcionarios.
“Un llamado de la misma ciudadanía por cuenta de que ya es un tema muy recurrente que tiene realmente muy afectada a la población chocoana y donde se ha terminado vulnerando los derechos a cientos de chocoanos”.
Informa que ante esta coyuntura se activó un Puesto de Mando Unificado para analizar los protocolos necesarios para darle una solución a la situación lo más pronto posible. Además, por los dos hechos que afectan a la comunidad, informaron a la fiscalía sobre el delito del bloqueo y la retención ilegal de los funcionarios.
