Superservicios defiende cobro de $8 por kWh y asegura que no afectará a los hogares más pobres

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respaldó y explicó el nuevo cobro transitorio de ocho pesos por kilovatio hora que alista el Gobierno Nacional como parte de las medidas para garantizar la continuidad del servicio de energía en el país.

El mecanismo, propuesto por el Ministerio de Minas y Energía, busca fortalecer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante el estrés financiero que enfrentan los agentes del mercado por las deudas acumuladas de la empresa Air-e, comercializadora intervenida desde septiembre de 2024.

El superintendente Felipe Durán aseguró en su cuenta de X que el impacto para los usuarios será mínimo y que los hogares más vulnerables no se verán afectados.

“El cobro transitorio de 8 pesos Kw/h no afectará a los usuarios de estrato 1 y 2, puesto que el pago de estos últimos está condicionado por la Resolución 003 de 2021”, afirmó Durán.

El superintendente recordó que el mercado energético del Caribe arrastra problemas estructurales desde hace décadas y que otros gobiernos ya destinaron recursos públicos para sostener a empresas del sector sin resolver la crisis de fondo.

“En el gobierno Duque se nacionalizó con cargo al presupuesto de la nación la deuda de Electricaribe en billones de pesos que se han pagado con recursos de los colombianos”, señaló Durán.

Sobre la situación de Air-e, explicó que al momento de la intervención en 2024 la empresa acumulaba deudas por 1,9 billones de pesos con generadores y proveedores, lo que puso en riesgo la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El superintendente defendió además el impacto tarifario del nuevo cobro. “A los demás estratos les impacta alrededor de apenas un 1%, un impacto mínimo frente al 16% de reducción que ha tenido la tarifa de energía durante el gobierno de Gustavo Petro y un 28% de reducción de tarifa que ha tenido la región Caribe”, afirmó el superintendente.

Según Superservicios, los recursos recaudados serán distribuidos entre los acreedores de Air-e para evitar una ruptura en la cadena de pagos del sector eléctrico y garantizar la continuidad del servicio no solo en el Caribe, sino en todo el país.