Magistrado Carlos Camargo asume el estudio de los decretos de emergencia económica
Con el fin de la vacancia judicial, el magistrado Carlos Camargo Assis fue designado ponente del decreto de emergencia económica y deberá definir si se suspende de manera provisional.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Senado
Tras finalizar la vacancia judicial, la Corte Constitucional retomó el análisis de decisiones clave para el país. Este martes, mediante sorteo, se definió que el magistrado Carlos Camargo Assis será el encargado de estudiar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2025.
Como magistrado ponente, Camargo tendrá la responsabilidad de analizar el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Entre sus primeras tareas está determinar si existen las condiciones jurídicas para ordenar la suspensión provisional del decreto mientras la Corte adopta una decisión de fondo.
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La declaratoria de emergencia económica fue adoptada luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Con esta medida, el Gobierno busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para hacer frente al déficit fiscal. El Ejecutivo argumentó que la situación es “grave e inminente” y que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales.
Entre los factores señalados por el Gobierno para justificar la emergencia se encuentran el pago de la UPC en el sistema de salud, las alteraciones del orden público, los riesgos para líderes sociales, el archivo de las dos últimas reformas tributarias, el impacto de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes, obligaciones contractuales atrasadas, deudas con víctimas del conflicto armado y las restricciones al endeudamiento público.
De manera paralela, la Corte Constitucional también definió por reparto al magistrado ponente que estudiará el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que establece medidas tributarias destinadas a financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación asociados a la emergencia económica declarada.
Sobre los tiempos del proceso, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explicó que la Constitución establece que el control de constitucionalidad de los estados de excepción se realiza en un plazo reducido a la tercera parte del ordinario. En ese sentido, si el reparto se concreta en la próxima Sala Plena, la decisión de la Corte podría conocerse entre finales de marzo y comienzos de abril de 2026.
Burbano señaló que existen tres escenarios posibles. El primero, que el decreto sea declarado exequible, lo que permitiría al Gobierno avanzar con mayor seguridad constitucional.
El segundo, una exequibilidad condicionada, mediante la cual la Corte limitaría el alcance de las medidas adoptadas. Y el tercero, que el decreto sea declarado inexequible.
En este último caso, explicó que todos los decretos expedidos con base en la emergencia también serían inconstitucionales y podrían ser anulados.
Incluso, la Corte podría ordenar efectos retroactivos, lo que implicaría que los recursos recaudados tendrían que ser reintegrados a los contribuyentes, previa reclamación ante la jurisdicción contencioso-administrativ