Comisión Humanitaria alerta grave crisis en el Catatumbo por recrudecimiento de la violencia armada

Colombia

Una profunda crisis humanitaria atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, tras el recrudecimiento de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, situación que mantiene a comunidades enteras confinadas, atemorizadas y sin acceso a bienes y servicios básicos.

Así lo evidenció una misión de la Comisión Humanitaria del Catatumbo, integrada por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Diócesis de Tibú, la Diócesis de Ocaña y la Defensoría del Pueblo, que recorrió recientemente las zonas más afectadas en los municipios de Tibú y El Tarra.

¿Cuál fue el objetivo de la visita?

El objetivo fue verificar la situación humanitaria y entregar ayudas enviadas por la Gobernación de Norte de Santander, el ICBF y la Unidad para las Víctimas.

Durante el recorrido, la comisión visitó los corregimientos de Versalles y Pacheli, así como el casco urbano de Tibú. Aunque los territorios presentan realidades distintas, comparten una misma problemática: el miedo permanente, el confinamiento y la falta de garantías para una vida digna. Según relató la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Situación inhumana

La Comisión informó que en Versalles, la población permanece prácticamente aislada desde el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre pasado.

La circulación por las vías está restringida, no hay abastecimiento de alimentos ni gas, las familias están confinadas, los docentes han renunciado y no existe conectividad para garantizar el acceso a la educación.

Una situación similar se vive en las veredas Guayabal y Angalia, donde, pese a la entrega de ayuda humanitaria, la comunidad insiste en la necesidad de mantenerla de manera permanente, así como de garantizar el acceso a internet, educación y la libre movilidad. “No queremos irnos, pero no se puede vivir así”, manifestaron los habitantes.

En Pacheli, la confrontación armada ha paralizado el transporte y la economía local. Las familias viven encerradas por miedo a transitar, varios líderes sociales han sido amenazados y desplazados, y la atención en salud es prácticamente inexistente, lo que convierte cualquier emergencia médica en una tragedia en potencia.

La comisión también visitó el corregimiento de Filogringo, en el municipio de El Tarra, que tras años de recuperación luego de la violencia paramilitar, hoy se encuentra nuevamente casi deshabitado.

Los enfrentamientos registrados entre el 29 y el 31 de diciembre dejaron viviendas destruidas, restos de explosivos en espacios públicos y artefactos sin detonar al alcance de niños y niñas.

Allí, incluso, la misión médica fue atacada con explosivos, obligando a su retiro. Se reportaron seis civiles heridos y la llegada de familias desplazadas a otros sectores del municipio, muchas de las cuales aún no han recibido ayuda humanitaria.

La comisión alertó además sobre el uso permanente de drones con explosivos y la presencia de minas antipersonal, factores que han incrementado la zozobra y el impacto psicológico en la población, especialmente en niños, niñas y jóvenes. A esto se suma la difícil situación de migrantes venezolanos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a la ayuda humanitaria.

Ante este panorama, la Comisión Humanitaria hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el derecho internacional humanitario, cesen de inmediato la violencia contra la población civil, permitan la movilidad por las vías, restablezcan el transporte público y avancen en la descontaminación del territorio de artefactos explosivos.

Asimismo, la defensora Iris Marín, le pide al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes de protección y a garantizar una presencia institucional permanente en la región.

“La gente del Catatumbo quiere vivir en paz, quiere trabajar, educar a sus hijos y recuperar la tranquilidad en sus hogares”, afirmo la defensora.