ADRES acusa a las EPS de manipular información y advierte cobros irregulares en el cálculo de la UPC
El gobierno reitera que la baja calidad y confiabilidad de los datos entregados por las EPS impidió hacer un estudio técnico de suficiencia de la UPC para 2025.
Imagen de referencia a medicamentos/ Getty Images / Cris Cantón
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) respondió de manera contundente a los señalamientos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y aseguró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han presentado graves deficiencias, inconsistencias y presuntas manipulaciones en la información reportada para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según el documento, conocido en primicia por Caracol Radio, dirigido a la Corte Constitucional, Ministerio de Salud y a los entes de control, la ADRES afirmó que la baja calidad y confiabilidad de los datos entregados por las EPS impidió realizar un estudio técnico de suficiencia de la UPC para 2025, razón por la cual el incremento se aplicó conforme a la inflación, tal como lo establece la ley cuando no existen condiciones técnicas para un cálculo distinto.
Según la entidad, esta situación no fue producto de una decisión arbitraria del Ministerio de Salud, sino de la “imposibilidad material” de calcular la UPC debido a irregularidades en la información suministrada por las EPS, circunstancia que ya había sido advertida en informes técnicos elaborados en 2024.
“Como señala la evidencia, fueron las EPS, una vez más, y no el Ministerio de Salud y Protección Social, las responsables del incremento en términos de inflación, que determina la ley, cuando se da la imposibilidad material de calcular técnicamente la UPC”, dijo la entidad.
Servicios cobrados a personas fallecidas
Uno de los hallazgos más graves revelados por la ADRES es la identificación de más de 417.000 registros de prestación de servicios de salud reportados a personas después de su fallecimiento, con apenas cinco casos de error documental comprobado, lo que según la entidad, valida la confiabilidad del 99,99 % del ejercicio de contrastación.
La ADRES rechazó el argumento de ACEMI según el cual estas inconsistencias se deben a rezagos administrativos o fallas de integración de bases de datos. Aclaró que el análisis se hizo con base en la fecha real de prestación del servicio, no en fechas de facturación o autorización, y advirtió que modificar esos campos “a conveniencia” constituye una violación directa a las normas del sistema de información en salud.
“No es un simple error de fechas administrativas. El cruce de datos se realizó estrictamente sobre la “Fecha de Prestación del Servicio” (cuando se atiende al paciente), no sobre fechas de autorización, radicación o facturación", agregó la entidad.
Incremento injustificado en medicamentos
Otro punto crítico es el aumento del 30,9 % en el número de medicamentos reportados y del 35,6 % en los valores cobrados entre 2022 y 2023, incremento que la ADRES calificó de injustificado. La entidad desestimó la explicación de ACEMI sobre la ampliación del Plan de Beneficios en Salud, señalando que dicha ampliación ya estaba vigente en 2022, año base del análisis comparativo.
Además, el informe advierte sobre la dispensación de medicamentos sin autorización del Invima, el uso de productos que no aparecen como comercializados en el país según la base del SISMED y cobros por encima de los precios máximos regulados, prácticas que podrían constituir infracciones administrativas y penales.
Traslado a entes de control y advertencia institucional
La ADRES informó que estos hallazgos ya fueron trasladados a los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró que financiar medicamentos no autorizados o cobrar por encima de los precios regulados con recursos públicos es ilegal.
Finalmente, la entidad rechazó la narrativa de que el sistema de salud sea “ingobernable” bajo estándares estrictos de control y sostuvo que las EPS cuentan con recursos suficientes hasta el 10 % de la UPC para gastos administrativos para garantizar sistemas de información confiables.
“La calidad de la información no es opcional. Es la base para garantizar la sostenibilidad del sistema y el derecho fundamental a la salud”, concluyó la ADRES, señalando que continuará avanzando en su transformación hacia un “pagador inteligente”, apoyado en analítica de datos e inteligencia artificial.
