Congreso aprueba reforma a la Ley 30 y modifica el modelo de financiamiento de la educación superior
El proyecto introduce cambios permanentes en la forma en que la Nación asigna recursos a las universidades públicas y a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias
Congreso y dinero Colombia. Fotos: Getty Images
Congreso
El Congreso de la República aprobó en último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, una iniciativa que modifica el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia. El proyecto introduce cambios permanentes en la forma en que la Nación asigna recursos a las universidades públicas y a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.
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La reforma tiene como objetivo ajustar el crecimiento del presupuesto a los costos reales del sistema educativo y fortalecer la participación del sector en el crecimiento económico del país.
¿Cuáles son los principales cambios de la reforma?
La ley modifica puntualmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 e incorpora el artículo 86A, estableciendo un nuevo esquema de financiamiento:
• Ajuste del presupuesto base: se aplicará anualmente el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, para reflejar la variación real de los costos del sistema.
• Aportes adicionales de la Nación: se incrementan a un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, frente al 30 % establecido anteriormente.
• Base presupuestal para las ITTU: se asignarán recursos permanentes equivalentes al 0,05 % del PIB del año anterior para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas.
• Ruta de financiamiento de largo plazo: se establece una proyección presupuestal alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, con un impacto fiscal estimado de 18,7 billones de pesos constantes de 2024 entre 2027 y 2040.
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¿Cuál es el contexto del proyecto de ley que modifica la ley 30?
De acuerdo con cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen en promedio un 9 % anual, mientras que el presupuesto base se ajustaba principalmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que históricamente ha sido cercano al 4 %. Esta diferencia ha generado un déficit estructural acumulado superior a los 17 billones de pesos.
Entre 2000 y 2022, la matrícula en instituciones de educación superior públicas aumentó un 169 %, mientras que la base presupuestal real creció un 52 %, lo que evidenció un desbalance entre cobertura y financiación.
Fuente de los recursos
Los recursos previstos en la reforma provendrán del Marco Fiscal de Mediano Plazo y estarán vinculados al crecimiento económico, sin contemplar la creación de nuevos impuestos.
El proyecto, identificado como Ley 212 de 2024, fue aprobado en su cuarto debate en el Congreso. Tras esta decisión, deberá pasar a sanción presidencial para convertirse en ley de la República y dar inicio a su implementación en las instituciones de educación superior pública del país
