Todos por Medellín: la veeduría que convirtió la indignación ciudadana en un sistema anticorrupción

Todos por Medellín nació para incomodar a los corruptos y para llenar un vacío que, en 2020, muchos consideraban urgente. Así lo cuenta Lucidia Amaya, abogada y directora jurídica de la veeduría desde hace cinco años. Aquella unión empezó con 37 organizaciones que decidieron articularse en pleno caos institucional: la renuncia en bloque de la junta directiva de EPM. Ese episodio que para ellos simbolizó la intervención política en una entidad emblema de eficiencia y confianza fue la chispa que encendió la alianza.

Desde entonces, su mantra es simple pero contundente: “Lo público es sagrado”. Y lo han llevado a la práctica. Entre 2020 y 2023, Todos por Medellín presentó 20 denuncias ante la Fiscalía usando únicamente información pública, además de quejas disciplinarias y acciones ante la Contraloría. Siete de esos expedientes hoy avanzan en etapas de imputación, acusación o juicio. “Una denuncia liviana se archiva. Nosotros no somos irresponsables ni territoriales”, insiste Amaya.

Investigaciones que destapan corrupción real

Un ejemplo de esa rigurosidad es el caso de corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Conseguir la información les tomó tutelas, persistencias y desacatos. Pero la evidencia llegó. En octubre, el excomandante de Bomberos y una supervisora de contratos fueron enviados a prisión por sobrecostos y sobornos que sumaron 2.480 millones de pesos en seis contratos.

Esa combinación de método y datos es la columna vertebral del modelo que han construido “No somos un movimiento ni un partido; hacemos control social técnico, independiente de la administración”, explica Juan David Correa, politólogo y coordinador social. Cinco años después, la veeduría ya no son 37 sino 50 organizaciones, con financiación de la Cámara de Comercio de Medellín, la Fundación ProAntioquia, un aporte anual de la Andi y contribuciones menores de asociados.

Pero su logro más poderoso no depende de cifras ni expedientes: es la confianza ciudadana. “Cuando decimos ‘pilas’, la gente nos cree. Ese capital es enorme”, señala Amaya. Y no es gratuito. Han repetido una regla hasta convertirla en cultura interna: nada se comunica sin haber pasado por análisis jurídico, ético y probatorio.

El “Cartel de la contratación”: su caso más revelador

Ese talante técnico también sostiene uno de los casos más sonados que han sacado a la luz: el llamado “Cartel de la contratación”. La veeduría documentó que Metroparques, empresa municipal encargada de parques recreativos, favoreció a 22 sociedades en procesos de contratación durante la administración de Daniel Quintero. Fueron 268.000 millones de pesos girados desde el Área Metropolitana, el Inder y la Alcaldía, de los cuales 120.000 millones terminaron en empresas organizadas en ocho grupos para repartirse los contratos. La Procuraduría ya imputó cargos a cuatro exfuncionarios y recientemente confirmó la destitución e inhabilidad por nueve años del exgerente de Metroparques y de la exsecretaria de Infraestructura.

Tras revelar estos esquemas, Todos por Medellín dio un paso más: pasar de denunciar a prevenir. Diseñaron un sistema de análisis de riesgos contractuales que hoy guía cambios en instituciones públicas. Solo en el Plan de Desarrollo del actual gobierno propusieron 160 indicadores anticorrupción; 65 fueron adoptados. Amaya resalta la diferencia con la administración anterior, que los señaló como oposición: “Hoy sí hay disposición para tener mesas técnicas. La pasada administración nos quiso deslegitimar”.

La veeduría también ha sido cuestionada por supuesta indulgencia con la administración del actual alcalde, Federico Gutiérrez, lo que causó la salida de dos afiliados en 2024. Amaya lo aclara sin rodeos: han presentado denuncias por presunta corrupción, trabajadas con el mismo método de siempre. No se han hecho públicas por solicitud de los organismos de control, para evitar destrucción de evidencia.

Acción pedagógica y movilización juvenil

Su trabajo no se limita a expedientes. La dimensión pedagógica ha logrado algo que pocos movimientos cívicos consiguen: movilizar jóvenes. Acciones simbólicas como los platos vacíos frente a la Secretaría de Educación por irregularidades en recursos alimentarios han activado a estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Nacional, la de Medellín y Eafit. Según Correa, el 70% de las personas involucradas en la línea social son hoy menores de 30 años, convertidos en investigadores comunitarios y voceros de control ciudadano.

El siguiente paso de la veeduría ya está listo: un Sistema de Alertas Preventivas para tres entidades públicas, construido con modelos de gestión de riesgos y lecciones acumuladas durante cinco años. Ese método hecho de investigación jurídica, pedagogía ciudadana, planificación técnica y movilización social se ha convertido en su sello. Correa lo resume con una frase que parece describir también su espíritu: “La democracia son conversaciones incómodas que tenemos que dar”.