Sala Disciplinaria revoca sanción a Policías que sacaron a mujer de un local en Cartagena

Después de casi tres años de sucedido el mediático caso que involucró a dos policías de Cartagena en el almacén Jon Sonen en el Centro Histórico de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación, tras la defensa de la firma cartagenera de abogados Caribe Legal, absolvió a los uniformados de los cargos formulados.

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El inicio del caso

Los hechos, que generaron gran indignación nacional e incluso la reacción del Presidente Gustavo Petro, ocurrieron el 28 de noviembre de 2022. La ciudadana venezolana, Wendy Álvarez, se dirigió al almacén Jon Sonen a reclamar el pago de su liquidación laboral, la cual, según su denuncia, le era adeudada desde hacía dos años.

Ante la presunta imposibilidad de ser atendida y en un estado de exaltación, la mujer habría alterado el orden, provocando que clientes abandonaran el local. Tras el llamado a la Policía y la negativa de Álvarez a retirarse, los uniformados procedieron a esposarla y retirarla del sitio en presencia de sus dos hijos menores de edad, un hecho que la Procuraduría había censurado inicialmente por la afectación a los derechos de los niños.

En aquel momento, el ministerio público señaló: “ante la negativa de la mujer de retirarse del lugar, la actuación que procedía era proteger los derechos de los menores y llevar a cabo el proceso de forma pacífica y sin esposas, preferiblemente en compañía del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía.”, según registró El Universal, un medio local. Ante la interpretación, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR), Subintendente Nelson Enrique Martínez Balceiro y a la Patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, como responsables por presunto “abuso de los derechos” y sancionados con una multa equivalente a 30 días de salario.

Por su parte, la compañía Sonen Internacional S.A.S. manifestó en su momento que el valor de la liquidación por $ 3.002.500 ya había sido consignado.

“No hubo un abuso injustificado de la fuerza”: afectada

Después de casi tres años de sucedidos los hechos, y tras la defensa de la firma cartagenera de abogados, Caribe Legal, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, en fallo de segunda instancia, determinó que la conducta de los agentes no constituyó una falta disciplinaria, concluyendo que estos actuaron de acuerdo con los procedimientos institucionales establecidos por la Policía Nacional para el manejo de situaciones que alteran la convivencia.

Tras la apelación, la Sala de Juzgamiento acogió el argumento sobre la falta de tipicidad de la conducta. El ente de control encontró que la intervención policial se dio después de reiterados intentos de mediación con la ciudadana, quien persistía en su negativa a retirarse del local comercial; y que además, el uso de las esposas fue considerado un “último recurso operativo” para hacer cumplir una orden legítima de retiro, sin que se comprobara agresión física o maltrato.

Así mismo, el análisis de las pruebas incluyó el testimonio de la propia Wendy Álvarez, la presunta afectada, lo que, según la Procuraduría, corroboró que no hubo un abuso injustificado de la fuerza. Incluso, ella solicitó ser esposada con las manos adelante para poder seguir cargando a su hija menor. También, el ministerio público señaló un error en el fallo de primera instancia al imputar “abuso de los derechos” mientras se fundamentaba la responsabilidad en una presunta extralimitación de funciones, generando una ambigüedad en el juicio de adecuación típica.

Con este fallo de segunda instancia, el proceso disciplinario contra los dos miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena culmina con su absolución total, ratificando la legalidad de su procedimiento en el marco del Estatuto Disciplinario de la Policía (Ley 2196 de 2022).