JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares por “falsos positivos” en el Meta

JUSTICIA

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad a 30 integrantes del Ejército Nacional, incluidos tres generales retirados, por su participación en un plan criminal dirigido a presentar como bajas legítimas en combate al menos 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desaparición forzada, ocurridos en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

Según la investigación, miembros del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), del Gaula Rural Meta (GAMET) y de la Séptima Brigada, ejecutaron un esquema criminal que simuló operaciones militares con el fin de mostrar resultados, obtener incentivos profesionales y fortalecer la legitimidad institucional al presentar los denominados “falsos positivos”.

Generales imputados como máximos responsables

La JEP imputó responsabilidad como autores por omisión impropia a los antiguos comandantes de la VII Brigada:

• Brigadier general (r) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz
• Mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila Beltrán
• Brigadier general (r) Francisco José Ardila Uribe

A los tres se les atribuye la comisión de desaparición forzada y homicidio en persona protegida como crimen de guerra, además del crimen de asesinato como lesa humanidad. Los dos primeros también fueron imputados por homicidio agravado según el Código Penal.

La Sala sostuvo que los generales incumplieron sus deberes constitucionales de protección y control sobre sus tropas. Señaló que, pese a tener herramientas para impedir los crímenes, actuaron con “laxitud y permisividad”, permitiendo que la presentación de resultados operacionales se convirtiera en el principal incentivo dentro de la VII Brigada. Sus omisiones consolidaron patrones macrocriminales y reforzaron un ambiente de impunidad.

Responsabilidad de los otros 27 militares

Los restantes 27 comparecientes del BIVAR y el Gamet fueron señalados como coautores al haber actuado bajo un acuerdo criminal que incluía la selección de víctimas, su asesinato, la simulación de combates y el encubrimiento de los hechos.

La Sala determinó que cada uno aportó de manera esencial a las distintas fases del plan.

En el caso del Batallón de Contraguerrillas No. 7 (BCG7), la JEP concluyó que los hechos analizados no permitían establecer un patrón macrocriminal, aunque algunos casos sí podrían constituir asesinatos y desapariciones fuera de combate. En cuanto al Comando Aéreo de Combate No. 2 de la FAC, la Sala encontró que sus integrantes participaron en operaciones de apoyo aéreo, pero no existen pruebas de que conocieran o contribuyeran dolosamente al plan criminal.

Tres patrones macrocriminales

La JEP identificó tres patrones sistemáticos a través de los cuales se presentaron asesinatos ilegítimos como resultados militares:

1. Acciones conjuntas entre el BIVAR y el Bloque Centauros (AUC) (2002–2006):
1. 48 hechos, 117 víctimas.
2. Incluyó selección de víctimas por paramilitares, asesinatos coordinados y entrega de cadáveres a militares para ser reportados como bajas.
2. Crímenes cometidos únicamente por el BIVAR:
1. 22 hechos, 37 asesinatos y una tentativa.
2. Implicó engaños, homicidios oportunistas y simulación de combates mediante uso fraudulento de armamento.
3. Acciones del Gaula Rural Meta (GAMET):
1. 30 hechos, 56 víctimas, incluidas tres menores de edad.
2. Operativos antisecuestro y antiextorsión simulados para justificar asesinatos.

Al respecto de los patrones macrocriminales, Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, señaló en rueda de prensa que en el departamento del Meta se tuvo infortunadamente todo el repertorio de los falsos positivos.

Para el magistrado la coordinación entre integrantes del VIVAR y el Bloque Centauros tuvieron tres modalidades. La primera, en la que los paramilitares hacían básicamente todo. La segunda, en la que los paramilitares buscaban a las víctimas, las llevaban y los militares las asesinaban. La tercera era donde habían combates (entre grupos paramilitares o entre ellos y el ejército) y todos los muertos eran presentados como bajas en combate.

En uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la JEP, la Sala no aplicó la norma interna de prescripción penal, tras realizar un control de convencionalidad, al considerar que los 42 homicidios que no clasifican como lesa humanidad ni crímenes de guerra igualmente constituyen graves violaciones a los derechos humanos que el Estado está obligado a investigar.

Relación con el paramilitarismo y contexto del conflicto en Meta

El auto describe cómo, entre 2002 y 2004, el BIVAR estableció una operatividad conjunta con el Bloque Centauros, que incluyó tolerancia al accionar paramilitar y colaboración en actividades asociadas al narcotráfico. La presentación de bajas falsas se convirtió en la principal forma de retribución entre ambas estructuras.

Aunque la relación cambió con los relevos en la comandancia y la muerte de Miguel Arroyave, los asesinatos continuaron incluso después de la desmovilización paramilitar. La Sala documentó cómo soldados del área de inteligencia (S2) asumieron la mayor parte de la cadena criminal entre 2005 y 2006.

El rol de la Fuerza Aérea en los falsos positivos

De acuerdo con las investigaciones de la JEP está probado que integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participaron en operaciones de apoyo aéreo cercano en las que murieron personas que posteriormente fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

Claro está que la entidad no encontró evidencias de que tuvieran conocimiento o participación dolosa en la comisión de tales crímenes. En ese sentido, el magistrado Ramelli dijo que “la Sala considera plausible que los miembros de la FAC muy seguramente fueron manipulados o engañados por integrantes del VIVAR con el fin de dar un ropaje de legalidad a sus actuaciones delictivas”