Procuraduría respalda ante la Corte la intervención judicial en los procesos agrarios

JUSTICIA

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación pidió mantener la validez del Decreto Ley 902 de 2017, norma clave para la implementación de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo Final de Paz.

El Ministerio Público defendió la constitucionalidad de las disposiciones que asignan a jueces civiles y de lo contencioso administrativo la fase judicial de los procesos agrarios, en tanto garantizan la imparcialidad, la independencia y la protección del debido proceso.

Según el ente de control, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, establecida por el Acto Legislativo 03 de 2023, no implica que los procesos agrarios puedan tramitarse únicamente ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como propuso el demandante.

La Procuraduría advirtió que dicha jurisdicción aún no está en funcionamiento y que, mientras el Congreso no expida la ley que regule su estructura y procedimientos, deben seguir aplicándose las reglas vigentes establecidas en el Decreto 902.

El Ministerio Público recordó que la Sentencia C-073 de 2018 ya había definido que, hasta tanto entre en operación la Jurisdicción Agraria, los jueces civiles y los de lo contencioso administrativo son los competentes para adelantar la fase judicial del procedimiento único de tierras. Desconocer este esquema generaría una “indeterminación sobre el operador de justicia” y vulneraría la garantía del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución.

En su análisis, la Procuraduría explicó que eliminar la etapa judicial implicaría un retroceso en la protección del debido proceso, pues trasladaría todo el debate probatorio a la ANT, entidad que no ejerce funciones jurisdiccionales ni tiene competencia para valorar pruebas o adjudicar derechos reales sobre la tierra.

Esto, añadió, “sería equivalente a permitir que una autoridad administrativa fuera juez y parte en los mismos asuntos que ella misma tramita”.

Por estas razones, el Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional:

1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-073 de 2018, que ya declaró la exequibilidad de los artículos cuestionados del Decreto Ley 902 de 2017.
2. Subsidiariamente, en caso de que la Corte considere que hay nuevos elementos que ameriten un pronunciamiento, declarar exequibles las disposiciones demandadas por ajustarse a la Constitución.