Instituto de Ciencia Política pide al Congreso no aprobar la Jurisdicción Agraria
Este proyecto de ley está por discutirse en tercer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Capitolio Nacional en Bogotá. Foto vía Getty Images / simonmayer
Colombia
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, envió una carta al Congreso de la República en la que pide que no se apruebe del proyecto de ley ordinaria que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria.
En la misiva señalan que este proyecto de ley que está por surtir su tercer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, restringe o elimina el control judicial automático en procesos agrarios. Argumentan que pondría en riesgo las garantías procesales, la independencia judicial y la protección del derecho de propiedad privada.
“El artículo 9 suprime ese control en casos como la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la condición resolutoria y la caducidad administrativa, y solo lo mantiene si hay oposición del afectado en los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde de tierras”.
Mencionan también que la Corte Constitucional ya ha indicado que las decisiones que afecten la propiedad rural deben ser competencia de los jueces y no de las autoridades administrativas de modo que afirman que ignorar este precedente “pondría en entredicho la constitucionalidad del proyecto y abriría la puerta a decisiones arbitrarias e irreversibles”.
Agregan desde el Instituto de Ciencia Política que en el ámbito económico y social la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural “agravaría los conflictos por la tierra, desincentivaría la inversión en el campo y así mismo, erosionaría la confianza en el estado de derecho”, por lo que hacen un llamado al legislativo a no avanzar con la discusión de esta iniciativa.
“Eliminar el control judicial automático pondría en riesgo el derecho de propiedad privada, las garantías proceses y la seguridad jurídica. No se corrige la ineficiencia del Estado suprimiendo la justicia, sino fortaleciendo la Independencia judicial y los contrapesos que garantizan el Estado de derecho”.



