Senado de EE.UU. no frena ataques de Trump a Venezuela: se hunde resolución que le impediría atacar
El Senado de EE.UU. rechazó una resolución que buscaba obligar a Donald Trump a tener autorización del Congreso para atacar Venezuela.
Donald Trump y Nicolás Maduro | Fotos: GettyImages
El Gobierno de Donald Trump tiene vía libre para atacar militarmente a Venezuela sin autorización previa del Congreso de Estados Unidos. El Senado estadounidense rechazó una resolución que obligaba a la administración Trump avisar cualquier despliegue militar en territorio venezolano.
En el Senado de Estados Unidos se discutió una resolución sobre la ley de Poderes de Guerra que buscaba impedir que el presidente Trump lleve a cabo ataques contra Venezuela sin la aprobación previa del Congreso. Sin embargo, fue rechazada con 51 votos en contra y 41 a favor.
La resolución fue impulsada por un grupo bipartidista de senador liderados por los democratas Tim Kaine y Adam Schiff, unidos al republicano Rand Paul.
La propuesta buscaba establecer: “poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.
“Los ataques ilegales de Trump contra barcos en el Caribe y las amenazas de ataques terrestres en Venezuela ponen a Estados Unidos en riesgo de guerra de forma imprudente e innecesaria”, aseguró Kaine durante su intervención.
Lea también: Aerolíneas de EE.UU. anuncian cancelaciones de vuelos programados para el viernes
Por su parte Rand Paul resaltó que: “sí, Maduro es un dictador. Pero hay muchos dictadores en el mundo, y eso no significa que debamos enviar estadounidenses a combatirlos a todos. Una guerra en Venezuela podría fortalecer a los mismos cárteles que intentamos derrotar y provocaría una migración masiva en nuestro propio país. Y lo más importante, la Constitución es clara: solo el Congreso puede autorizar la guerra”.
Se le acabó a Trump el pazo que le daba la Resolución de Poderes de Guerra para despliegue en el Caribe
El pasado lunes, 4 de noviembre, se le acabó a Trump el plazo que le daba la resolución de Poderes de Guerra para el despliegue militar en el Caribe sin autorización del Congreso.
La ley indica que el Presidente debe consultar con el Congreso antes de enviar tropas a una situación de hostilidad o inminente hostilidad, siempre que sea posible. Sin embargo, si el Presidente envía tropas sin aprobación previa, debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas.
Las fuerzas armadas no pueden permanecer desplegadas más de 60 días - más 30 días adicionales para la retirada - sin autorización explícita del Congreso. Esto significa que el Presidente no puede mantener tropas en combate indefinidamente sin el consentimiento legislativo.
Cuando el presidente introduce a las fuerzas armadas de su país en “hostilidades” o en una acción bélica sin una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso, inicia a correr el plazo de 60 días.
Le puede interesar: Estados Unidos destruye narcolanchas: ¿qué pasa con los cuerpos en el Pacífico y el Caribe?
Ese tiempo se activó el 4 de septiembre, debido a que ese día el presidente Donald Trump le notificó al Congreso sobre su primer ataque a una embarcación en el Caribe, asegurando que EE.UU. se encuentra en un conflicto“no internacional” con los carteles de droga.
Gobierno Trump reitera que no atacará Venezuela y no cuenta con sustento legal para hacerlo
La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de EE.UU. a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico.
Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron el miércoles detalles, en un sesión a puerta cerrada, a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto más de 60 personas.
En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la “orden de ejecución” que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.