Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico por publicaciones contrarias a su misión
La demanda busca que las entidades “se abstengan de utilizar la publicidad oficial para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio las demandas presentadas por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), por el uso de sus cuentas oficiales en redes sociales para difundir mensajes que promueven la figura del presidente de la República, Gustavo Petro.
De acuerdo con la acción de cumplimiento, entre septiembre y octubre de 2025 se hizo “uso de la infraestructura comunicativa del Estado para fines ajenos a la misión institucional de las entidades involucradas, lo que contraviene el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, que prohíbe emplear la publicidad oficial para promover a servidores públicos particulares o para difundir mensajes no relacionados con las funciones de la entidad.
Leer: Por inclusión en Lista Clinton, piden restringir cuenta de X de Gustavo Petro
Las publicaciones
- El SGC, una entidad científica cuya misión es el monitoreo sísmico y geológico, “difundió mensajes asociados a campañas políticas y proselitistas del Gobierno, con el uso de los los hashtags #SeRobaronLaSalud,#TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza, este último para llamar a la movilización convocada por el presidente”.
- Así mismo, la cuenta oficial del Ministerio de Educación, replicó piezas y mensajes políticos ajenos a su misión sectorial, incluyendo la convocatoria a la misma movilización.
Leer:Petro por petición de censura de Vargas Lleras a Musk: Exijo respeto por mi libertad de expresión
“El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas”, dice la demanda de la Fundación, que busca que las entidades “se abstengan de utilizar la publicidad oficial o cualquier otro mecanismo de divulgación o comunicación institucional, para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes ajenos a su objeto legal”.




