Debate pendiente en la Asamblea de Boyacá
La diputada Maryory Ortiz cuestionó a la mesa directiva por no dar continuidad a un debate de control político suspendido en julio, mientras el gobernador Carlos Amaya defendió que no tiene facultades legales para convocarlo de forma extraordinaria.
Diputada Maryory Ortiz
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, respondió a un requerimiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Cuítiva en el marco de un incidente de desacato. En su comunicación explicó que, tras el análisis jurídico de la Dirección de Asesoría y Defensa Jurídica y de la Secretaría General, no cuenta con facultades legales ni reglamentarias para convocar de manera extraordinaria a la Asamblea con el fin de reanudar una sesión plenaria ordinaria de control político, en aplicación de la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 002 de 2024. No obstante, precisó que mediante el Decreto 957 del 12 de septiembre de 2025 citó a la duma a sesiones extraordinarias, entre el 15 y el 27 de septiembre, exclusivamente para tramitar proyectos de ordenanza.
Frente a esta respuesta, la diputada Maryory Ortiz afirmó que «...dentro de las responsabilidades que le otorga la Ley 2200 al gobernador, él puede citar sesiones extraordinarias para la discusión de asuntos específicos, lo cual no es un obstáculo para que se puedan ejercer los debates de control político...»
Según explicó, la continuidad de la sesión suspendida en julio no dependía del mandatario, sino de la mesa directiva de la Asamblea. «...El juez es bastante claro en los fallos donde manifiesta que es responsabilidad de la mesa directiva y que tendría una responsabilidad directa el presidente de la corporación...», agregó.
Ortiz también advirtió que la mesa directiva tuvo la posibilidad de incluir la continuación del debate dentro de las fechas convocadas en sesiones extraordinarias, pero no lo hizo. «...En el término vigente de las sesiones pudo haberse agenciado ese momento para que se diera la continuación de la sesión y no que se terminara de modo en lo que se hizo...», manifestó la diputada, reiterando que este incumplimiento deja sin efecto un fallo judicial.
Finalmente, la diputada recordó que el pasado 23 de septiembre presentó una solicitud formal a la presidencia de la Asamblea. «...Pedimos que nos diera cuenta de las razones por las cuales no ha permitido la continuación de esa sesión, a pesar de haberse citado en sesiones extraordinarias...», indicó. Ortiz subrayó que con esta petición busca garantizar la participación ciudadana y dar voz al personero municipal, quien «...ha venido buscando el reconocimiento de los derechos ciudadanos y advirtiendo que la inversión realizada no cumpliría con los tópicos previstos en materia de infraestructura vial...».
