Polémica en Antioquia por el retiro de estampilla que entrega recursos a la educación superior
La Gobernación de Antioquia explicó que garantizará los recursos para tres instituciones de Educación Superior del orden departamental, a partir del primero de enero.
Institución Universitaria Digital de Antioquia . Cortesía: IU Digital
Medellín
Hay polémica en Antioquia por la presentación del Proyecto de Ordenanza número 52 de 2025, mediante el cual se establece el Estatuto de Rentas Departamental y que, como parte de las nuevas medidas, retiraría las estampillas que entregan recursos al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia.
¿Qué dice el proyecto de Ordenanza 52?
En su artículo 563 este proyecto indica que “en lo relativo a las estampillas Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia (lU-Digital), se mantendrá la vigencia de lo dispuesto en la Ordenanza 41 de 2020 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, quedando derogadas a partir del primero (1) de enero de 2026”.
Aclara este proyecto que también a partir de esa fecha quedará derogada la destinación del diez por ciento para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el diez por ciento para el Instituto Tecnológico de Antioquia.
ACOPI pide que no se retire la estampilla
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI – Antioquia, indicó que, en representación del tejido empresarial, que impulsa el desarrollo económico y social del departamento, “hace un llamado respetuoso a la asamblea departamental de Antioquia y al señor gobernador, para que respalden la permanencia de la estampilla de la equidad y la inclusión educativa”.
Explicaron que este instrumento ha demostrado “ser un mecanismo eficaz para garantizar recursos que fortalecen los programas de acceso permanencia y calidad en la educación superior pública, especialmente en favor de jóvenes de bajos ingresos y poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema educativo”.
¿Qué dice la Gobernación de Antioquia?
El gobierno seccional indicó que este proyecto de Ordenanza número 52, “tiene como fin efectuar la actualización a un marco normativo más transparente, ajustar el Estatuto a la estructura orgánica actual de la Gobernación, dar mayores herramientas para atacar el contrabando y la adulteración de licores, incluir procesos digitales de fiscalización, permitir la facturación del impuesto vehicular, entre otras innovaciones que llevarán a que el Departamento tenga el estatuto de rentas más moderno del país”.
Sobre las estampillas, se insiste que habrá una sustitución de la manera como se asignarán los recursos, pasando de este recurso que es “del 0,4 por ciento cada uno de los contratos del Departamento de Antioquia y el conglomerado”, a un dinero fijo anual que se entregará desde el comienzo de cada año.
Según explicó Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia, los recursos en el presente son inestables, porque dependen de los contratos y el monto varía de acuerdo con los proyectos que cada entidad ejecuta.
Además, los dineros se suelen pagar en el último trimestre del año, por lo cual no se ejecuta la totalidad del ingreso en la vigencia en que se causa.
Explicó el funcionario que “la Gobernación de Antioquia implementará a partir del 1 de enero de 2026 una Política Pública para fortalecer la cobertura en educación superior en el departamento, la cual se financiará con recursos de libre destinación, es decir, recursos propios, estipulados en el Plan de Desarrollo y que tendrán como línea base el presupuesto de estampillas de cada una de las instituciones”
Independientemente a los recursos que entrega el gobierno seccional a las instituciones de educación superior, se reemplaza el valor de estampilla, para el año 2026, de esa manera, el Politécnico tendrá 14 mil millones de pesos desde el comienzo del año y se mantendrá durante 10 años creciendo al IPC. Los recursos para la Digital serían 9 mil 500 millones de pesos. En el caso del Tecnológico de Antioquia, son cerca de 2.500 millones de pesos.
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Dichos recursos serán indexados con crecimiento anual del IPC por los próximos 10 años.
Todo este plan que se tiene previsto para ejecutar a partir de año 2026 y durante 10 años, dependería de la aprobación de una política pública que deberá comenzar a regir a partir del primero de enero de 2026, con objetivos específicos de incremento cobertura educativa, cupos, mejorar la calidad, procesos de regionalización.
Para el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, “la implementación de la Política Pública permitirá que estas instituciones de educación superior tengan una mejor planificación financiera, al tener recursos disponibles para ejecutar desde el inicio de cada año y no dependerá de la ejecución de los contratos”.
El trámite de la Política Pública iniciará una vez que la Asamblea Departamental apruebe el Proyecto de Ordenanza del Estatuto de Rentas Departamental.