Caso Uribe: congresistas de EE.UU. critican a Rubio y defienden independencia judicial de Colombia
Entre los firmantes están Alexandra Ocasio-Cortez, Jim McGovern, Chuy García, Nydia Velázquez y Greg Casar. Piden a Marco Rubio que cese los ataques contra la justicia colombiana y recuerdan que en un Estado de derecho nadie, ni siquiera los expresidentes, está por encima de la ley.
Marco Rubio, secretario de Estado EE.UU. Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Alexandra Ocasio-Cortez y Jim McGovern, congresistas estadounidenses.
Diecisiete congresistas demócratas enviaron una carta al Departamento de Estado pidiendo al secretario Marco Rubio que detenga los ataques contra la independencia judicial en Colombia, tras sus declaraciones en defensa del expresidente Álvaro Uribe.
La misiva llega dos meses después de que Rubio calificara como “instrumentalización de jueces radicales” la condena contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos.
Un grupo de representantes demócratas entre ellos Alexandra Ocasio Cortes, Jim McGovern, Chuy García, Nydia Velasquez y Greg Cesar, envió una carta al Departamento de Estados en defensa a la independencia judicial en Colombia tras las fuertes críticas de la administración Trump por el caso Uribe.
El documento destaca que el 28 de julio la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe a 12 años de detención domiciliaria tras un proceso de 13 años, con 69 audiencias públicas, más de 1.000 páginas de fallo y fiscales designados por gobiernos de distintas tendencias políticas.
Los congresistas subrayan que este tipo de pronunciamientos atentan contra la soberanía, la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho de Colombia. Además, recordaron que el propio Departamento de Estado ha reconocido en informes recientes la solidez del sistema judicial colombiano.
“El poder judicial de Colombia ha demostrado una trayectoria de independencia judicial y de control frente al poder ejecutivo. Durante las décadas de 1990 y 2000, el gobierno de Estados Unidos invirtió en el fortalecimiento del sistema judicial colombiano, incluidas reformas judiciales y constitucionales inspiradas en parte en el sistema estadounidense. Informes anteriores sobre derechos humanos del Departamento de Estado han confirmado la independencia judicial de Colombia”, dije la carta.
El documento detalla la cronología del caso, que el 28 de julio, la jueza Sandra Heredia, del Circuito de Bogotá, condenó a Uribe a 12 años de detención domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal.
Resaltan que la sentencia fue el resultado de un proceso de trece años de investigación que incluyó 69 audiencias públicas, más de 1.000 páginas de fallo y la participación de fiscales designados por gobiernos de diferentes tendencias políticas.
“El caso, que se extendió por 13 años, bajo tres presidentes colombianos diferentes y con fiscales designados por gobiernos de diversas posiciones ideológicas, no es el resultado de la agenda política de una persona o de un partido, sino un reflejo de la imparcialidad objetiva de las instituciones judiciales en Colombia”, dice la carta.
Los legisladores subrayan que Uribe ha contado con todas las garantías procesales y que aún tiene derecho a apelar. Insisten en que “ninguna persona, sin importar su estatus o cargo, debe estar por encima de la ley”.
Ninguna persona sea considerada por encima de la ley
“El verdadero estado de derecho exige que ninguna persona, sin importar su estatus o posición en el gobierno, sea considerada por encima de la ley. Su declaración del 28 de julio implica que usted considera que el expresidente Álvaro Uribe sí lo está”, dice la carta.
Finalmente, advirtieron que declaraciones como las de Rubio debilitan la credibilidad de Estados Unidos como referente en democracia y derechos humanos. La carta se publica pocos días después de que la Casa Blanca incluyera a Colombia en la lista de países que no cooperan en la lucha contra las drogas.
“En aras de fortalecer la reputación de Estados Unidos como defensor verdadero del estado de derecho en Colombia y en el mundo... le solicitamos que cese los ataques contra la independencia del sistema judicial colombiano y deje en claro que la política de Estados Unidos no exime a nadie, ni siquiera a los expresidentes, del cumplimiento del estado de derecho”, finaliza la carta.
