Radican proyecto para declarar la seguridad energética como un derecho colectivo en Colombia
En medio de las advertencias sobre un posible racionamiento y apagones de energía entre 2026 y 2027, fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca declarar la seguridad energética como un derecho e interés colectivo, mediante la modificación de la Ley 472 de 1998
Colombia
Los representantes Carolina Arbeláez y Juan Fernando Espinal radicaron un proyecto de ley que busca que el acceso a la energía deba garantizarse como un servicio confiable, continuo y estable para todos los colombianos, especialmente en las zonas rurales, donde 1 de cada 2 hogares campesinos carece de energía, una situación 11 veces mayor que en las ciudades.
Según alertaron, actualmente, 8,4 millones de personas viven en pobreza energética, lo que les dificulta cocinar, conservar alimentos o estudiar en condiciones dignas.
“El país atraviesa una crisis energética por decisiones improvisadas. Sin energía no hay salud, educación ni desarrollo. Este proyecto busca blindar a los más vulnerables y garantizar una transición energética justa y responsable”, afirmó Arbeláez durante la radicación de la iniciativa.
Por su parte, Espinal advirtió que sin seguridad energética no será posible una verdadera transición: “Colombia evitó un apagón gracias a las termoeléctricas. No podemos seguir dependiendo de importaciones costosas mientras nuestras inversiones en exploración y producción caen. Usar lo nuestro es clave para proteger empleos y la competitividad del país”.
¿Cuáles son los propósitos fundamentales de este proyecto de ley?
1. Reconocimiento de la seguridad energética como derecho colectivo.
2. Planificación de largo plazo para la estabilidad del servicio.
3. Equidad energética para cerrar brechas entre campo y ciudad.
4. Transición energética justa y responsable.
5. Resiliencia y soberanía nacional.
Con esta propuesta, los congresistas buscan que la seguridad energética “deje de ser un asunto del gobierno de turno y se convierta en una política de Estado, que garantice calidad de vida, desarrollo y oportunidades para toda la población”.
