Gobierno y Congreso socavan herramientas del Estado: HRW por recortes a la Defensoría del Pueblo
Human Rights Watch alerta que los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno colombiano para la Defensoría del Pueblo serían un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país.
Human Rights Watch alerta que los recortes presupuestales propuestos por el Gobierno colombiano para la Defensoría del Pueblo serían un duro golpe para la protección de los derechos humanos en el país.
La ONG Human Rights Watch alerta que al reducir la capacidad de la Defensoría del Pueblo, con los recortes presupuestales, “el gobierno y el Congreso de Colombia están socavando las herramientas del Estado para proteger a la población frente a violaciones de derechos humanos” en un momento crítico para el país.
La organización asegura que “la Defensoría solicitó un aumento presupuestario modesto para 2026, en parte para compensar la tasa de inflación cercana al 5 % anual, y para ampliar su labor ante el recrudecimiento de los problemas de derechos humanos en Colombia”
Sin embargo, resalta que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2026 presentado por el gobierno de Gustavo Petro recortaría la financiación de la Defensoría en hasta un 3 % en comparación con 2025.
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“Esto supondría un déficit de 32,3 millones de dólares, lo que representa un 9,7 % menos del monto que la Defensoría considera necesario para funcionar eficazmente en 2026. También se recortarían en un 30 % de sus “recursos de inversión”, es decir, aquellos necesarios para ampliar sus operaciones”, explica.
“En medio del aumento de la violencia de los grupos armados, los recortes en la asistencia internacional y con unas elecciones cruciales el próximo año, es fundamental que la Defensoría del Pueblo cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su labor”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Debilitar la Defensoría del Pueblo en este momento minaría la capacidad de Colombia para proteger a la población y responder a los crecientes desafíos en materia de derechos humanos”, afirmó Goebertus. “Si la defensa de los derechos humanos es una prioridad para el gobierno colombiano, debería reflejarse en su asignación presupuestaria”.
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Las cifras de violencia
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 1,45 millones de personas se vieron afectadas por la violencia en Colombia durante el primer semestre de 2025, cuatro veces más que durante el mismo periodo en 2024.
Más de 70.200 personas han sido desplazadas forzosamente, un 30 % más que en todo 2024. Los confinamientos, es decir, las restricciones a la circulación de las personas debido a combates o amenazas, aumentaron un 44 % en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.
Según el Ministerio de Defensa, los homicidios aumentaron un 3,1 % y los secuestros un 53 % durante el mismo periodo.
