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Concejales de Caramanta aseguran que Área de Protección para la Producción es una imposición

Varios de los concejales de esta localidad firmaron un documento, que sería replicado por otros concejos.

Caramanta, Antioquia

Caramanta, Antioquia

Concejales de varios municipios del Suroeste de Antioquia emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan de manera enfática la intención del Gobierno Nacional de imponer las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en esta subregión del departamento.

En el pronunciamiento, que encabeza el Concejo Municipal de Caramanta y que ha sido respaldado por otros cabildos municipales, los líderes locales aseguran que estas medidas vulneran la autonomía territorial reconocida por la Constitución y desconocen las competencias que tienen los municipios en materia de ordenamiento del territorio.

“Las APPA proyectadas constituyen una imposición alejada de la realidad de los territorios. Pretenden definir qué cultivos deben sembrarse en nuestras montañas, incluso productos que son técnica y culturalmente inviables”, se lee en el comunicado.

Denuncian falta de participación

Los concejales afirman que la decisión del Gobierno se tomó sin procesos genuinos de participación ciudadana ni coordinación con las autoridades locales. Según el documento, esto representa una violación al principio de coordinación y concurrencia que debería regir la relación entre el nivel central y los entes territoriales.

También señalan que las vocaciones productivas del Suroeste han sido construidas históricamente por sus comunidades, por lo que consideran inaceptable que se impongan cultivos que no corresponden con sus realidades ni potencialidades agrícolas.

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Propuestas alternativas y exigencias

Los firmantes del pronunciamiento defienden que la seguridad alimentaria del país debe garantizarse a través de políticas públicas de fomento agrícola, inversión en infraestructura, acceso a mercados y apoyo al campesinado, y no mediante la imposición centralista de usos del suelo.

Por esta razón, los concejales exigieron:

  1. La suspensión inmediata de cualquier trámite orientado a imponer las APPA en los municipios del Suroeste.
  2. El respeto a la autonomía territorial y a las decisiones de los entes locales, tal como lo establece la Constitución Política.

Finalmente, recalcaron que su voz representa a las comunidades rurales, a los campesinos y a los habitantes que día a día construyen el territorio, y advirtieron que no aceptarán imposiciones que desconozcan su historia, cultura y aspiraciones de desarrollo.

Este pronunciamiento se da en medio del debate nacional por el decreto 2106 de 2023, mediante el cual el Ministerio de Agricultura comenzó a delimitar las primeras zonas APPA, lo que ha generado reacciones mixtas en diversas regiones del país, especialmente en aquellas con tradición cafetera y de pequeña propiedad campesina.