Defensoría del Pueblo emite alerta para Riofrío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca
La advertencia se da por la disputa del control territorial de grupos armados ilegales. Se pide al Estado tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades
Grupo armado y logo Defensoría del Pueblo. Foto: Getty Images / Defensoría del Pueblo
Bogotá
La Defensoría del Pueblo a través de una alerta está advirtiendo de los riesgos inminentes para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca. En Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.
Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.
Este riesgo se por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales como el Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ a través de su Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
El escenario actual combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios. Las comunidades enfrentan un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas. Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y el riesgo de reclutamiento forzado de menores.
La Defensoría del Pueblo agrupa en seis ejes las recomendaciones para que el Estado colombiano las aplique para poder proteger a estas comunidades. Se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable.
En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.
Se hace indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los menores, así como para mujeres rurales y líderes sociales, frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género.
La Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento.
La Fiscalía General de la Nación debe priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.