Cartagena

Comunidades étnicas de Bolívar se abren paso para dignificar sus derechos

En Calamar y San Estanislao han vivido los impactos del conflicto, pero gracias al trabajo de la URT, se perfilan como casos listos para elaborar y radicar demandas

Cortesía

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Los consejos comunitarios afrodescendientes de Los Olivos, en Calamar, y Juana Pino Cogollo, en San Estanislao, Bolívar, avanzan en la defensa de sus derechos étnico-territoriales junto a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y se consolidan como apuestas centrales de reparación transformadora en la región.

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Para ello, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y la Dirección Territorial Bolívar–Sucre realizan jornadas de caracterización de afectaciones, que son claves para sustentar las solicitudes de titulación colectiva y ampliación de los territorios ancestrales.

“Estos procesos visibilizan la memoria, el arraigo y el papel protagónico de mujeres lideresas, sabedoras, jóvenes y familias, que hoy luchan por el reconocimiento legal de sus territorios y la garantía plena de sus derechos”, informó el director territorial de la URT en Bolívar, Rafael Eduardo Morales.

La restitución étnica, como lo demuestran los casos de Los Olivos y Juana Pino, es más que un trámite judicial: es una herramienta de justicia, memoria y paz en el territorio, con enfoque diferencial.

Consejo Comunitario Los Olivos

Es uno de los procesos organizativos más antiguos del Caribe colombiano, ejemplo de persistencia en la defensa del territorio colectivo.

Esta comunidad afrodescendiente ha habitado ancestralmente una zona rica en biodiversidad, marcada por su relación espiritual, productiva y cultural con la Ciénaga del Jobo, considerada el corazón de su vida social, económica y ecológica.

Del 14 al 16 de julio de 2025, la Unidad lideró una jornada de caracterización de afectaciones territoriales, a través de metodologías participativas como cartografía social, grupos focales, entrevistas y línea de tiempo; se documentaron elementos clave para avanzar en el proceso de ampliación del título colectivo, para que el territorio refleje su verdadera dimensión, uso tradicional y significado cultural.

La futura radicación de esta demanda ante los jueces de restitución no solo busca ampliar una delimitación jurídica, sino que pretende corregir una deuda histórica del Estado con una comunidad que ha demostrado su compromiso con la vida, la paz y la protección del medio ambiente.

Consejo Comunitario Juana Pino Cogollo

Es la expresión viva de un pueblo que ha resistido al despojo, al olvido institucional y a la violencia. Su historia se entrelaza con el desplazamiento forzado desde su territorio ancestral en el corregimiento de El Bayano, producto del conflicto armado que azotó esta zona del Caribe colombiano.

A pesar de ese desarraigo, la comunidad ha logrado reconstruir su vida colectiva, reconfigurando sus dinámicas sociales, económicas y culturales en el sector de Las Piedras. Su forma de resistencia ha sido el arraigo, la protección de sus prácticas tradicionales —como la pesca artesanal en la Ciénaga de La Luisa—, y el fortalecimiento constante de su identidad y memoria afrodescendiente.

Desde 2024, la comunidad, con acompañamiento técnico y jurídico de la URT, ha recolectado información para sustentar una solicitud de titulación colectiva sobre los predios ocupados ancestralmente, que se extienden entre los corregimientos de El Bayano y Las Piedras.

Durante la reciente jornada de caracterización de afectaciones territoriales, del 21 al 23 de julio de 2025, se logró consolidar información para sustentar la demanda, que no solo tiene fundamento técnico y jurídico, sino una fuerza política y comunitaria que reafirma el derecho de esta comunidad a la permanencia en el territorio que hoy habita, protege y cultiva.

Estos procesos han generado insumos técnicos, sociales, jurídicos, ambientales y catastrales que actualmente se están consolidando en los informes de afectaciones territoriales y son fundamentales para garantizar una reparación integral con enfoque étnico, reconociendo la memoria, el arraigo y los derechos de las comunidades afrodescendientes. Las demandas serán interpuestas entre los meses de agosto y octubre del 2025.

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