CIDH condena atentado contra Gustavo Chicangana y expresa preocupación por deficiencias de la UNP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, Ana Milena Torres, ocurrido el pasado 5 de julio frente a su residencia en San José del Guaviare. Las entidades urgieron al Estado colombiano a investigar los hechos con celeridad y a reforzar las medidas de protección otorgadas al comunicador y a su entorno.

Chicangana Álvarez, colaborador del servicio informativo de Caracol Radio y director de la emisora comunitaria Guaviare Estéreo, es beneficiario de un esquema de la UNP desde 2013. Sin embargo, pese a haber denunciado nuevas intimidaciones este año —presuntamente por parte de grupos armados ilegales— y pedir el fortalecimiento de su esquema de protección el periodista, fue víctima de un ataque armado en el que también resultó herida su esposa.

Ante esto, la CIDH expresó su preocupación por posibles deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como por la limitada capacidad institucional de la UNP para evaluar los riesgos y responder oportunamente a las amenazas.

Hasta el momento, dos personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, en relación con el ataque.

La CIDH recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de proteger a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros actores sociales que enfrentan riesgos especiales en el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en zonas de conflicto.

La RELE, por su parte, advirtió que los periodistas que trabajan en territorios con presencia de actores armados enfrentan altos niveles de riesgo, incluyendo desplazamientos forzados, censura, autocensura y restricciones severas al derecho a la información de las comunidades.

Ante esta situación, la CIDH instó al Estado colombiano a:

• Garantizar la seguridad del periodista, su familia y su equipo de trabajo.
• Investigar y sancionar a los responsables del atentado.
• Evaluar de forma técnica y exhaustiva la efectividad del esquema de protección asignado por la UNP.
• Fortalecer los mecanismos institucionales para la protección de periodistas en zonas de alto riesgo.

Finalmente, la Comisión reiteró la necesidad de garantizar condiciones que permitan el ejercicio pleno y seguro del periodismo, como elemento esencial de la democracia y la paz en el país.