Aceptan como coadyuvantes a EPM y 10 personas en demanda contra nombramiento de Carrillo en ISA
Así lo resolvió el Consejo de Estado en cuanto a la reforma de la demanda, requisitos para su admisión, intervención de terceros, límites y oportunidad.
Jorge Carrillo. Foto: Colprensa.
Medellín
El Consejo de Estado, mediante la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, decidió admitir la reforma de la demanda presentada por el señor Julio César Yepes Restrepo, que busca la nulidad del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA.
Aclara la decisión que esto no significa que se esté modificando o adicionando los cargos que soportan la pretensión de nulidad, “por lo que se dispondrá su admisión”.
La decisión de la magistrada comprende que en su primer resuelve: “TENER como coadyuvantes del demandante a los ciudadanos Javier Alejandro Palacio Arboleda, Beatriz Giraldo, Diana Cristina Herrera, Luz Stella Ríos Ramírez, Julián Andrés Vergara Orozco, Claudia Liliana Vergara Soto, Clara María Uribe Uribe, Alejandro de Bedout Arango, Clara Inés Moreno, Felipe Vélez Roa, Jorge Alberto Pérez Jaramillo y Ángela María Pérez Jaramillo y a Empresas Públicas de Medellín ESP, frente a esta última limitar su intervención a los cargos propuestos por el demandante”.
Ana María Tabares Echeverri ejercerá la representación judicial en el proceso de Empresas Públicas de Medellín ESP, en los “términos y para los fines del poder obrante en el expediente”.
Uno de los apartes de la decisión indica que los antes mencionados “apoyan los argumentos del demandante, además que sus escritos son oportunos, por lo que se reconocerán como coadyuvantes”.
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Antecedentes del proceso para entenderlo
Recordemos que la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA fue demandada, porque supuestamente no se cumplió con los requisitos de experiencia e idoneidad señalados en la normativa de la compañía para el cargo. Según la denuncia, la Junta Directiva, a través del Comité de Talento Organizacional, desatendió las recomendaciones de los expertos contratados y "tres integrantes de la junta directiva no actuaron de manera independiente y se infringió el principio de moralidad administrativa“, recordó el documento oficial.
