Jefes criminales que se sometan pagarían condenas máximas de 8 años en colonias: la nueva propuesta del Gobierno
La iniciativa “tiene por objeto establecer un tratamiento penal especial y diferenciado para grupos armados”.
El ministerio de Justicia y el Derecho prepara un proyecto de Ley que trae beneficios para cabecillas criminales en proceso de paz con el Gobierno Nacional.
La nueva iniciativa de la cartera que dirige el ministro Eduardo Montealegre, “tiene por objeto establecer un tratamiento penal especial y diferenciado para grupos armados” y “definir reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de estructuras de crimen organizado conducentes a su sometimiento a la justicia”.
La propuesta que será presentada en el Congreso de la Republica, contempla que los máximos jefes criminales tendrían condenas máximas de entre cinco y ocho años. Y los delincuentes de menor rango en la organización entre dos y cinco años.
- “Para quienes hayan tenido un rol de dirección en las estructuras regionales o de coordinación nacional del grupo o capacidad de decisión en los patrones de criminalidad que involucren la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra se les aplicará una pena alternativa de entre cinco (5) y ocho (8) años".
- “En el caso de otros integrantes del grupo armado que no hayan tenido capacidad de decisión pero que hayan intervenido en otro rol en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra (...) se les impondrá una pena alternativa de entre dos (2) y cinco (5) años".
Por negociar la paz con el Gobierno, también obtendrían “condiciones especiales para el cumplimiento de medidas de aseguramiento y ejecución de las penas privativas de la libertad”. Para ellos, las cárceles se reemplazarían por “colonias” o “casas de armonización dispuestas por las autoridades étnicas”.
- “Para aquellos integrantes de grupos armados que suscriban acuerdos de paz, así como los integrantes de estructuras de crimen organizado que demuestren su pertenencia étnica, la autoridad judicial podrá disponer el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y las penas privativas de la libertad en los centros y/o casas de armonización dispuestas por las autoridades étnicas competentes y en coordinación con estas”.
