Consulta popular por decreto, ¿qué viene tras el anuncio del Presidente?

En Hora20 el análisis a la decisión del presidente Petro de convocar la consulta popular vía decreto ante el argumento de que el Senado no se pronunció y que la votación estuvo viciada. También el debate sobre lo que revela la situación judicial en Guatemala ante las órdenes de captura emitidas en contra de Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro anuncia que decretará consulta popular

Las reacciones de los panelistas

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista e investigador en DeJusticia, detalló que el presidente Petro comete un error jurídico al mencionar a la Corte Constitucional en medio de su anuncio sobre el decreto para llamar a consulta popular, “la Corte conocerá de la consulta una vez tramitada y si se demanda por vicios de procedimiento, pero no hay control previo, que es un error de diseño constitucional, es un error de la jurisprudencia”. Sin embargo, dijo que habrá demandas de nulidad al decreto ante el Consejo de Estado con solicitud de suspensión provisional, “posteriormente llegarán tutelas a revisión de la Corte Constitucional, pero no hay control previo de consultas populares, que fue una de las razones por las que el Gobierno escogió este mecanismo de democracia directa”.

Previo a la decisión formal del Presidente, el constitucionalista planteó que ante la discusión de si el presidente puede convocar a consulta por decreto cuando hay votación negativa del senado, dijo que no es posible, “ese es el argumento que se ha armado por parte de Benedetti y ahora respaldo por Montealegre y se dice que no hubo votación. Si era inexistente votación, ¿por qué se puso tan bravo el Ministro del Interior en el Senado cuando cerraron la votación?, ¿Si era inexistente por qué presentaron otra consulta?, ellos en sus actos reconocen la existencia del acto de votación; lo que creo es que debe haber una distinción fundamental entre la existencia de acto y su posible nulidad”. De otro lado, dijo que se puede hablar de vicios de trámite, pero que el Presidente no se puede atribuir la facultad de declarar nula una votación o su existencia, “eso le corresponde a los jueces o al propio Congreso si dice que se equivocaron”.

Lea también: Advierten “fractura institucional” tras el anuncio del presidente Petro de una consulta por decreto

Para Gloria María Borrero, exministra de Justicia, abogada y exdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, significa una ruptura al Estado de derecho, “el Presidente no cumple con la ley, se la pasa de largo, es un atropello contra el Congreso y los jueces de Colombia que va a traer consecuencias importantes”. Además, explicó que ese decreto puede ser rápidamente demandado ante los jueces, “además, cabría una suspensión provisional por parte del Consejo de Estado porque no tendría control automático de la Corte”.

Catalina Botero, abogada, experta en derecho constitucional, exmagistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional y comisionada de la Comisión Internacional de Juristas, señaló que la decisión del Presidente va a ser suspendida por el Consejo de Estado, “es una decisión evidentemente inconstitucional, el artículo 104 de la Constitución dice que el presidente puede consultar siempre y cuando tenga la firma de todos los ministros y visto bueno del Senado, pero el Senado no le dio el visto y por lo tanto no puede decretar la consulta, es sencillo porque hay un acto del Senado que vio todo el país, el Consejo dijo que el acto existía y que no le da el visto bueno y no se cumplen el requisito y se suspende el decreto”. En esa medida, dijo que le preocupa que cuando se suspenda el decreto, porque es evidentemente inconstitucional, se responsabilice a los jueces que hacen su trabajo, “ahí se da contexto para que quien quiere que sea, haga lo que pasó en México o lo de Guatemala y acaben con la independencia judicial y eso es esencial para los derechos de todas las personas”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que el exfiscal Montealegre no es activista político y que viene de ser Fiscal General de la Nación a propósito del papel del exfiscal en la idea de convocar la consulta popular a través de un decreto. Señaló que se está ante un escenario jurídico complejo, “no creo que el Presidente irrespete decisiones judiciales, ha sido respetuoso de otros fallos”. De otro lado, dijo que se interpreta que por los vicios en el Senado hay una nulidad, “pero hay otra cara de la moneda y acá hay un escenario político y es que nosotros lamentablemente llegamos a algo que advertimos, la agudización de la confrontación política, a la cual nos llevó el Congreso al negarse a debatir la Reforma Laboral en Comisión VII”. En esa medida, señaló que ante ese escenario se sacó de la basura un proyecto de Reforma Laboral, sobre la cual, dijo que defiende los acuerdos.

Yohir Akerman, periodista, columnista e investigador, planteó que si bien el uso del decreto es un error jurídico, cree que detrás hay un análisis cuidadoso para cometer ese error jurídico, “se genera jugadas para después victimizarse y decir que alguien se toma elementos que el Gobierno persigue, con eso mantiene narrativas y compra oxígeno y se genera esta sensación de que está en un proceso en donde hay alguien más que decide sobre la consulta al pueblo”. De otro lado, dijo que la convocatoria por decreto es un acto desafiante del presidente Petro hacia el Congreso y las instituciones del Estado, “a pesar de hundimiento en Senado, es una estrategia de presión al Legislativo, avanza en agenda sin los debidos procesos democráticos y poner responsabilidades en alguien más fuera de su propio fracaso”. Por último, dijo que el Presidente busca en la plaza lo que no consiguió en el Congreso, por el fracaso de su funcionamiento de gobierno, “estamos en presencia de gobierno que abiertamente es displicente con instituciones democráticas y eso se debilita con decisiones unilaterales y con discurso”.

Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, planteó que el presidente Petro se equivoca al desconocer la decisión del Senado y que incurre en un error jurídico al plantear que se puede convocar a la consulta sin concepto previo, “se distorsiona la figura del mecanismo de participación ciudadana”.